Los sindicatos catalanes recuperan las manifestaciones en Barcelona para conmemorar el 1 de mayo después de dos años de pandemia y tras la aprobación de la reforma laboral, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros brutos al mes, y con el pacto de rentas sobre la mesa.

CC.OO. y UGT, los sindicatos mayoritarios en Catalunya, han convocado su manifestación conjunta en Barcelona a las 12 horas en plaza Urquinaona, con el objetivo de recorrer Via Laietana.

Ambas organizaciones comparten el lema 'La solución: subir salarios, contener precios, poner fin a las desigualdades', y también realizarán manifestaciones en Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa (Tarragona), Terrassa e Igualada (Barcelona).

Coinciden en señalar que este 1 de mayo "es de celebración", tras la aprobación de la reforma laboral, aunque no dejan de lado la reivindicación ante la inflación.

La necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores es también la principal reivindicación de la Intersindical, que ha convocado su manifestación en la plaza Tetuan de Barcelona a las 12 horas.

Por su parte, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) apunta a la regulación de precios como "única salida", y ha convocado en el cruce de la avenida Diagonal con paseo de Sant Joan de la capital catalana a las 11 horas.

CGT ha criticado duramente la reforma laboral y han asegurado que las "verdaderas conquistas sociales" no surgen de pactos con las oligarquías, y su manifestación tendrá lugar a las 11 horas desde Jardinets de Gràcia de Barcelona.

La Taula Sindical de Catalunya, que incluye a IAC, Solidaritat Obrero y COS, entre otros, ha convocado manifestaciones en ocho ciudades y ha hecho un llamamiento a reaccionar: "Hoy empezamos a decidir en qué mundo queremos vivir".

REFORMA LABORAL

El Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre el Real Decreto-ley para reformar el mercado laboral, con el fin de poner coto a la temporalidad, devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo: evitar despidos.

La reforma, que vio la luz tras el acuerdo del Ejecutivo con sindicatos y empresarios, y se aprobó en el Congreso de los Diputados a inicios de febrero, tiene entre sus principales fines la reducción de la precariedad y la temporalidad.

La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo podrán hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.

SMI

Otra de las medidas estrella del Gobierno en política laboral fue la aprobación, el pasado 22 de febrero, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales con efectos desde el 1 de enero de este año, lo que supuso 35 euros más que el SMI vigente en ese momento (965 euros al mes por catorce pagas).

A diferencia de la reforma laboral, este aumento contó solo con el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, ya que las patronales CEOE y Cepyme se descolgaron de las negociaciones, como ya habían hecho cuando el SMI pasó de 950 a 965 euros.

Según cálculos sindicales, el aumento del SMI a 1.000 euros ha impactado directamente sobre 1,8 millones de trabajadores, especialmente sobre mujeres y jóvenes, y la voluntad del Gobierno es incrementarlo hasta el 60% del salario medio en 2023.

PACTO DE RENTAS

La escalada inflacionaria de los últimos meses en España ha provocado que los sindicatos reclamen aumentos de salarios para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

Sin embargo, instituciones como el Banco de España han alertado de que indexar los sueldos al IPC puede provocar entrar en una "espiral inflacionaria", por lo que han pedido alcanzar un pacto de rentas en el que los sueldos aumenten por debajo de la inflación.

Los sindicatos, por su parte, critican esta idea y añaden que las empresas aprovechan el aumento de precios para mantener márgenes, lo que provoca que los trabajadores sean los afectados por la situación.

Por esta razón apelan a la responsabilidad patronal para que se reparta el aumento de costes entre empresarios y trabajadores, y así evitar que tenga consecuencias graves para las rentas más bajas, y han alertado de un incremento de la conflictividad laboral si no se aumentan los salarios.