La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la oferta de 4.015 plazas de la Administración General del Estado (AGE) para las que optarán hoy más de 95.000 opositores es "insuficiente" porque no cubre las necesidades estructurales de empleo.

En concreto, se han convocado un total de 1.500 plazas de nuevo ingreso, de las que 850 corresponden al cuerpo de administrativos y 650 para el de auxiliares. Del resto, 1.500 corresponden a promoción interna y 1.015 a estabilización de personal temporal.

Estos procesos selectivos se celebrarán en A Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Illes Balears, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza y Valladolid.

Para CSIF, esta oferta de empleo es insuficiente y no cubre las necesidades estructurales de personal de la Administración General del Estado, que desde 2011 ha perdido 65.662 empleos, según los últimos datos a julio de 2021 del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

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Además, el sindicato ha alertado de que la edad media de la plantilla de la AGE es de 53 años y que un 19% tiene más de 60 años y está ya a las puertas de la jubilación. "Advertimos, en este sentido, del riesgo de colapso en la Administración del Estado en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social, como ha quedado de manifiesto durante la pandemia", ha avisado a través de un comunicado.

RECLAMA UN PLAN ESTRATÉGICO

Por ello, desde CSIF han reclamado un plan para reforzar las administraciones públicas con más de 106.000 empleos en los próximos tres años. "La pandemia ha puesto al descubierto el déficit de personal que sufrimos, con casos tan alarmantes como los del SEPE y la Seguridad Social", por lo que, ante este déficit y el envejecimiento progresivo de su personal, el sindicato ve fundamental convocar más plazas para reforzar los servicios públicos y rejuvenecer la Administración.

En este sentido, ven prioritario establecer una Oferta de Empleo Público con proyección plurianual y convocatorias descentralizadas, agilizando el tiempo para su resolución, que permita la creación neta de empleo, revierta la disminución de efectivos, compense el envejecimiento de las plantillas y reduzca la "alarmante externalización de servicios".

Además, reclaman un Plan Integral de Recursos Humanos que evidencie las carencias de funcionarios y laborales de los diferentes ministerios y organismos, con el objetivo de la reconstrucción social y económica en las administraciones públicas.