La Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (Aemec) señala que las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de aplicar un impuesto que grave los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas "no es otra cosa que un impuesto al propio accionista".
Este mismo martes, Díaz ha defendido ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso que las compañías eléctricas tienen que "aportan más" en este momento de crisis.
Concretamente, ha señalado que es "evidente" que el "elevadísimo" precio de la luz está generando unos beneficios "extraordinarios" a las empresas energéticas, por lo que deben contribuir más. Recientemente, la también titular de Trabajo planteó un impuesto extraordinario a las eléctricas.
Aemec también ha destacado que la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también se ha mostrado a favor de reducir los beneficios de las eléctricas.
Así, la asociación afirma que "no es admisible" que desde el Gobierno "se agreda a la seguridad jurídica, se desestabilice la confianza" de los pequeños ahorradores y "se realicen actuaciones de desinformación, cuando no de manipulación, de los resultados de las eléctricas".
Así, defiende que "no son precisamente las compañías eléctricas, dentro del sector energético, las que han tenido un incremento de sus resultados debido a la situación de la subida del precio del gas y del petróleo".
En cambio, sostiene que las declaraciones de Díaz generan inseguridad jurídica que "afecta negativamente al valor de la cotización de la acción y daña el patrimonio de los pequeños accionistas".
Aemec señala que los accionistas minoritarios son "los más claros representantes del denominado capitalismo popular" y que invierten sus "exiguos ahorros" en los mercados financieros "contribuyendo por tanto a su mejor funcionamiento"
"Declaraciones como las realizadas por el Gobierno dañan directamente nuestro patrimonio. El impuesto extraordinario a las eléctricas no es otra cosa que un impuesto al propio accionista", asegura la asociación.
Además, señala que estas declaraciones "evidencian un claro desconocimiento" de la realidad de las eléctricas, que "tienen la mayoría de su energía vendida a precio fijo con sus clientes", por lo que no podrían repercutir "el elevado coste" que tienen las propias empresas por la compra de gas necesario en las centrales de ciclo combinado.
"En esta línea, el beneficio de las compañías puramente eléctricas en España se viene manteniendo constante en términos de Ebitda en los últimos años, pese a las cuantiosas inversiones realizadas", agrega Aemec al respecto.
De esta forma, destaca que los "supuestos beneficios extraordinarios" señalados por el Gobierno "no existen", ya que no habría "una relación directa e inmediata entre el precio del mercado mayorista y el precio fijo al que se está vendiendo la electricidad a los clientes del sector eléctrico".
"En el mercado eléctrico español, mercado mayorista, se forma un precio diario, y este precio no es coincidente con el que la mayoría de clientes tienen contratada su energía, puesto que la tienen contratada a plazo y a precio fijo, y en consecuencia, no existe ese supuesto beneficio. Por ello, debe desaparecer esa falsa apariencia de repercusión automática, respecto de los beneficios de las compañías eléctricas", afirma.
A continuación, explica que la subida del precio en el mercado mayorista de electricidad, al que se encuentran vinculadas las tarifas reguladas PVPC, "está ocasionada por las subidas en el precio del gas". "En consecuencia, la única vía de minorar esas subidas es limitando el precio de dicho combustible, lo que tendría un efecto inmediato sin producir distorsión en el mercado eléctrico", defiende.
Por ello, afirma que el enfoque adoptado por la Comisión Europea en su plan REPowerEU es "la vía para el objetivo deseado por todos, que no es otro que acelerar la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles" y defiende que, para ello, "lo mejor" sería acelerar la transición energética a través de otras actuaciones, de la simplificación y aceleración de los trámites administrativos en los proyectos renovables y "generando seguridad jurídica" para nuevas inversiones.
Así, la Aemec insta al Gobierno a "seguir en la línea indicada de coordinación con la UE y colaboración con las empresas, alejándose de cualquier mensaje demagógico y falaz que, lejos de resolver el problema, generará confusión, tensión social y, sobre todo causará gran daño a la seguridad jurídica, a la confianza de los inversores y al patrimonio de los accionistas".
