MADRID, 20 DIC. (Bolsamania.com/BMS) .- “La credibilidad del Gobierno en materia energética no es muy elevada”, señalaban a principios de mes los analistas de Ahorro Corporación Financiera (ACF). Cuando, tras conocerse que finalmente en 2013 sí habrá déficit de tarifa y alcanzará los 3.600 millones de euros, el Ejecutivo tendía la mano a las compañías eléctricas y anunciaba que buscarían un mecanismo de titulización para esta nueva deuda. Advertía entonces el ministro de Industria, José Manuel Soria, que se optaría por una solución en este sentido, siempre y cuando las energéticas se comprometieran a no incrementar las tarifas.
Sin embargo, “aquellos barros traen estos lodos” y, aparentemente sin acuerdo entre ambas partes y con las posiciones más encontradas que nunca, ayer jueves se celebraba una subasta para fijar los precios del primer trimestre de 2014 y se saldaba con un incremento cercano al 26%, que dispararía el recibo de la luz a partir de enero en más de un 10%. Subida que se sumará al aumento adicional de entorno al 1% de la parte de la tarifa que depende de la decisión del Gobierno. En total, el “bolsillo” del consumidor empezaría el año haciendo frente a una subida cercana al 11%.
Y ahora, a petición del Gobierno, la CNMC ha invalidado dicha subasta “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. Además, el Ejecutivo, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que implantará a partir de enero un “nuevo mecanismo objetivo y transparente de fijación de precios de la luz” y ha asegurado que el incremento superior al 10% en la tarifa “no se va a producir”.
La primera lectura que hacen a todo esto desde ACF es “que de nuevo aumenta el riesgo regulatorio en el sector que puede sufrir de nuevo un cambio de las reglas del juego en mitad de la partida”. En este sentido, recordemos las palabras de los expertos de Renta 4 tras conocerse el déficit de tarifa a comienzos de diciembre: “Nos mantenemos fuera del sector eléctrico”, decían y, coincidían al señalar, que se vuelve “a incrementar la incertidumbre regulatoria”.
¿CÓMO SE REPARTIRÍAN LAS ELÉCTRICAS EL DÉFICIT DE TARIFA DE 2013? POR GOLDMAN SACHS
Peor escenario: si son las utilities las que se hacen cargo de todo el desfase, les costaría 1.500 millones repartidos de la siguiente manera:
- Acciona: 36 millones de euros; supondría una reducción del 3% en su EBITDA y del 48% de sus ganancias netas.
- Endesa: 241 millones de euros; supondría una reducción del 4% en su EBITDA y del 8% de sus ganancias netas.
- Gas Natural: 120 millones de euros; supondría una reducción del 3% en su EBITDA y del 5% de sus ganancias netas.
- REE: 58 millones de euros; supondría una reducción del 6% en su EBITDA y del 6% de sus ganancias netas.
- Enel: 264 millones de euros, supondría una reducción del 2% en su EBITDA y del 6% de sus ganancias netas.
- Iberdrola: 240 millones de euros, supondría una reducción del 3% en su EBITDA y del 7% de sus ganancias netas.
- EDP: 17 millones de euros; no supondría una reducción en su EBITDA pero sí un descenso del 1% en sus ganancias netas.
- EDP Renovables: 9 millones de euros; supondría una reducción del 1% en su EBITDA y del 4% de sus ganancias netas.
- Enel Green Power: 23 millones de euros; supondría una reducción del 1% en su EBITDA y del 2% de sus ganancias netas.
Si, por el contrario, el déficit de tarifa se reparte al 50% en las compañías y los consumidores, el impacto en el balance de las utilities sería de 750 millones de euros y la “factura” propia de cada compañía se reduciría a la mitad: Acciona (18 millones de euros); Endesa (120 millones); Gas Natural (60 millones); REE (29 millones); Enel (132 millones); Iberdrola (120 millones); EDP (9 millones); EDPR (4 millones); y EGP (12 millones).
LA REFORMA ENERGÉTICA NO GUSTA “NI DENTRO, NI FUERA”
Los fondos internacionales RREEF y Antin, ligados a Deutsche Bank y BNP respectivamente, han presentado una demanda de arbitraje contra España ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por los recortes en la retribución a las actividades termosolares. Se trata del mismo CIADI en el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF.
Dichas firmas consideran que los ajustes a las renovables “violan la seguridad jurídica de sus inversiones y suponen un cambio retroactivo de las reglas del juego”. En este sentido, fuentes del sector afirman que esta demanda será la primera de otras tantas a las que tendrá que hacer frente el Ejecutivo, “tanto por los recortes de finales del año pasado como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de 'rentabilidad razonable' incluido en la nueva normativa”.
A estas horas, Gas Natural es el peor valor del Ibex 35 y cae un 2,41%, hasta los 18,0250 euros; le sigue Endesa con pérdidas del 2,09%, hasta los 22,0400 euros.
Sara Carbonell