MADRID, 09 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- El Tribunal de Cuentas del Estado troceó durante años proyectos de obras en su propia sede para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas y evitar así tener que sacar a concurso público la contratación del proveedor de servicios. El beneficiario de las adjudicaciones a dedo fue Ángel Ortega, un empresario que había realizado obras para altos cargos del Tribunal de Cuentas, entre ellos Javier Medina, actual vicepresidente de la institución y consejero de fiscalización, y su hermano Enrique, gerente de la misma hasta 2012.
La llegada en 2012 de Álvarez de Miranda a la presidencia del Tribunal de Cuentas precipitó la salida de Enrique Medina de la gerencia y de José Luis Pajares de la secretaría general. A partir de ese momento Ángel Ortega terminó sus servicios para este tribunal, y tuvo también que abandonar la habitación que le habían habilitado en el sótano de las dependencias de la sede para el almacenaje de su material.
La estrategia del tribunal para adjudicar durante años las obras a Ángel Ortega consistió en trocear las reformas para que los presupuestos nunca superaran los 30.050,61 euros en que está establecido el máximo legal para eludir la convocatoria de un concurso público. No deja de ser llamativo el caso, dado que el Tribunal de Cuentas del Estado es precisamente el órgano estatal encargado de fiscalizar y sancionar a las Administraciones públicas que vulneran la Ley de Contratos y hacen adjudicaciones a dedo.
El País apunta en su edición de hoy que el actual presidente del tribunal no ha querido hacer declaraciones sobre el caso pese a haber sido él el responsable de acabar con esta práctica al llegar a la presidencia del organismo. Según fuentes cercanas a su persona, Álvarez de Miranda considera que no ha habido irregularidades en las adjudicaciones a Ortega por haberse tratado de obras menores.
M.M.
