El Gobierno va a aprobar hoy la segunda reforma financiera de su mandato, que consistirá específicamente en endurecer las provisiones de los créditos inmobiliarios `sanos´, lo que obligará a las entidades a movilizar unos 40.000 millones de euros. Las entidades contarán además con un corto periodo de tiempo, solo hasta el 31 de mayo, para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos.
Además, los bancos estarán obligados a traspasar antes de acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos y éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias
. El Gobierno insistía en las últimas semanas en que los bancos decidirían si traspasaban sus activos inmobiliarios, pero en los últimos borradores del real decreto se plantea como una obligación. La ventaja es que si las entidades, en su carrera por sanear estos activos tóxicos que rondan los 180.000 millones, son incapaces de hacerlo por sí solas, podrán ser ayudadas si tienen un socio en la nueva entidad.
Como confirmó hoy el el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el Gobierno español aceptaría una valoración independiente de los activos inmobiliarios de la banca española, dijo
