A la espera del folleto de colocación en la CNMV, y a tenor de la información aparecida en prensa, (convenientemente filtrada por la compañía en muchos casos), la salida a Bolsa de Puig empieza mal, desde el momento en que se articula con una increíble colocación para los nuevos accionistas, a los que se les drenan los derechos políticos hasta en un 80%: cada acción clase B sólo tendrá un derecho de voto por cada 5 de las de clase A, que permanecerán en su totalidad en manos de la familia Puig, accionistas de control.
Los derechos económicos de ambas clases serán idénticos, es decir, no hay ningún otro tipo de contrapartida que compense la pérdida de derechos políticos. Ni descuento o prima de emisión… nada.
La operación debía ser una bocanada de aire para unos mercados españoles que necesitan alegría, después de muchos meses de sequía. Pero, claramente, es un deal destinado a pagar la deuda de operaciones previas, cuando en su día se anunció su amortización y, sobre todo, proporcionar una jugosa inyección de dinero en efectivo a sus accionistas, la familia Puig.
A cambio, se ofrece un Pay Out del 40% (tampoco es deslumbrante) y un sector estable, pero no de crecimiento exponencial, como podría ser una tecnológica de nuevo cuño.
Básicamente, se antoja un movimiento destinado a sacar el dinero al inversor, usando los eternos artífices: JP Morgan y Goldman Sachs, que poco menos que garantizan la colocación, a cambio de una sustanciosísima minuta. Todos ganan: la familia Puig, los bancos de inversión y… quizá no tanto el accionista, al que se le pide el dinero y no se le permite hablar.
No es este el tipo de operación que se espera de los mercados, para dinamizar el país y atraer capital. Vuelve a hacer buena la máxima que apunta que los dueños endilgan la compañía al mercado para solucionar sus problemas internos y cuando ya detectan señales de estancamiento, en lugar de apostar por planes de crecimiento. Y, aunque los tuvieran, así no se trata a los accionistas. Discriminar los derechos políticos es una manera de actuar más que discutible.
El propio diario Expansión señalaba que “la familia fundadora mantiene el control absoluto de la empresa, incluso si en el futuro realiza nuevas ventas o ampliaciones de capital”.
No hay más preguntas.
La compañía no sólo no quiere ceder la mayoría (que no la cede), es que no quiere ni que le intervengan en las juntas de accionistas. Pero el dinero lo captan, ya que la valoración sale por las nubes.
En estos momentos una compañía que salga a bolsa no debería preparar una operación de esta manera, creo que al accionista se le debe respetar, ya que se le pide el dinero para que confíe en la empresa, y una vez que confía, no tener nada que ver en la gestión de la misma.
Tras Grifols, este tipo de entramados societarios familiares, en los que los nuevos inversores no tienen capacidad para influir en el consejo y este hace y deshace a su antojo, por muchos cambios que están ahora anunciando Puig para meter profesionales en el mismo.
El accionista se merece respeto.
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