Londres se oponía prácticamente en solitario a la directiva por considerar que perjudicaba a la City, donde se concentran entre el 70% y el 80% de los fondos europeos. Por su parte, Estados Unidos ha tachado la norma de proteccionista.
"Debemos tratar de conseguir el mayor consenso posible y creemos que todavía hay margen para tener más consenso del que existe en este momento", dijo Salgado para explicar este aplazamiento. "Queremos convencer a todos los países, y creemos que ello puede ser posible, de que es mejor tener una regulación a nivel de la UE", señaló al ser preguntada por la resistencia de Reino Unido.
No obstante, dejó claro que "es un objetivo de la presidencia española que esta directiva pueda aprobarse durante este semestre.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, afirmó que "si la presidencia considera que para construir un consenso lo más sólido posible necesita unos días más hace bien". Recordó que el Parlamento, que también debe aprobar la norma, sigue su trabajo y se pronunciará en abril, y rechazó las presiones de Estados Unidos.
"No tengo ninguna sensibilidad hacia las presiones, vengan de donde vengan. Ya he dicho que no aceptaré ninguna instrucción de París ni de Londres, y mucho menos voy a hacerlo de Washington", aseguró Barnier.
La presidencia española contaba con una mayoría cualificada suficiente para aprobar la norma sobre 'hedge funds' incluso sin el respaldo de Reino Unido, según informaron fuentes diplomáticas.
El secretario del Tesoro de EEUU, Tim Geithner, escribió a principios de mes una carta a Salgado y al comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en la que expresa su "preocupación" por considerar que la norma de la UE sobre 'hedge funds' "discriminará a las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la UE del que ahora disfrutan".
La Comisión replicó que esta norma no es proteccionista sino que se limita a cumplir los acuerdos del G-20 para que ningún instrumento financiero escape a la regulación.
De hecho, uno de los principales puntos de discrepancia que llegaba sin acuerdo a la reunión de este martes es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.
El resto de Estados miembros, liderados por Francia, se oponen a dar un pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.
El comisario Barnier dijo este martes que si finalmente se introduce un pasaporte para los 'hedge funds' extranjeros "será muy exigente", se tendrá que ganar "sin atajos y complacencia" y exigirá "reciprocidad".
La norma sólo se aplicará a los gestores de 'hedge funds' con una cartera de más de 100 millones de euros. Para los gestores que no recurran al apalancamiento el límite para escapar a la regulación será más alto, de 500 millones, por considerarse que no plantean un riesgo sistémico.
Para operar en la UE, los gestores de fondos de alto riesgo deberán obtener la autorización del supervisor del Estado miembro en el que estén basados y estarán sujetos a supervisión y a controles estrictos, así como a duras exigencias de transparencia. Los supervisores tendrán todos los poderes necesarios para intervenir en caso de que el apalancamiento de los fondos suponga una amenaza para la estabilidad del mercado financiero.
Los gestores que cumplan estos requisitos tendrán derecho a gestionar y vender fondos no sólo en su propio país sino en toda la UE, es decir, se beneficiarán de un pasaporte europeo. La norma incluye además restricciones a las primas salariales que cobran los gestores. Francia considera insuficientes estos límites porque son menos estrictos que los que la normativa europea prevé para los directivos de bancos.
