Moreno Carretero, al que Sacyr expulsó de su consejo en la última junta de accionistas del pasado año, ha tomado las nuevas acciones al ejecutar los instrumentos financieros con los que ostentaba su participación indirecta que le quedaba en la empresa. El constructor llegó controlar de forma indirecta este verano más de un 16% de las acciones de la compañía.
El porcentaje de las acciones que tiene Moreno Carretero tienen un valor de mercado de unos 90 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía que preside Manuel Manrique, recoge Europa Press.
Con el 8,182% de las acciones de la constructora el empresario andaluz se sitúa en el accionariado como segundo mayor inversor del grupo sólo por detrás de Demetrio Carceller, que cuenta con un 14,5% sumando su participación con la que tiene sindicada con el grupo Satocán. El fundador y expresidente de Sacyr, José Manuel Loureda, tiene un paquete accionarial del 8,005% en el grupo.
Grupo Fuertes, propietarios de El Pozo, cuenta con una participación del 6,294% en Sacyr y el presidente Manuel Manrique cuenta con el 1,535% de los títulos.
En junio la cúpula directiva de Sacyr decidió expulsar a Moreno Carretero de su consejo de administración, por “ir en contra de los intereses y obligaciones legales y estatutarias de la compañía, lesionando la reputación, el buen nombre y el interés de la misma", según presidente Manuel Manrique.
La expulsión de Moreno Carretero fue propuesta por el consejo y fue aprobada posteriormente en la junta de accionistas del grupo, “con la mayoría suficiente para su aprobación”.
Moreno Carretero planteó a la junta de accionista unos puntos del orden del día adicionales a los previstos en los que planteaba un conjunto de propuestas de cambio en el gobierno corporativo de Sacyr, entre ellas la de nombrar un consejero delegado con el objetivo de preparar la sucesión de Manrique al frente de la constructora y dividir el poder ejecutivo entre ambos, al estilo de otras compañías del sector como ACS o Ferrovial.
El empresario malagueño, además, llevó a Sacyr a los tribunales para impugnar un cambio en el reglamento del consejo del grupo por el que, según aseguró entonces, se obligaba a los consejeros a notificar las comprar y ventas de acciones de la empresa.
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