La semana pasada, el ejecutivo de la UE intensificó la presión sobre el Gobierno español y le dio un ultimátum, de sólo siete días laborables (frente a los dos meses habituales), para que suprima los requisitos que considera incompatibles con la legislación comunitaria.Si no lo hace, advirtió Bruselas, podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.Según la CE, al imponer determinadas condiciones para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.Pero las autoridades españolas reaccionaron con tranquilidad a esta última amenaza e insistieron en que las condiciones a la opa de E.ON se ajustan a la normativa europea.Madrid asume con naturalidad que esta disputa, de tipo jurídico, se resolverá ante el Tribunal de Justicia de la UE.Y como la corte puede tardar hasta dos años en dictar sentencia en un caso como éste, no parece que el desacuerdo entre las autoridades nacionales y europeas vaya a tener gran efecto sobre los movimientos empresariales en torno a Endesa.Las exigencias españolas a la opa de E.ON que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.ON a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.