La iniciativa pasará ahora al Parlamento Europeo, que también podrá introducir cambios, antes de la aprobación final por parte de los ministros. Las autoridades europeas comenzaron a cuestionar la fiabilidad de las agencias de calificación -Moody's, Standar & Poor's y Fitch son las principales- en el verano de 2007, después de que no alertaran sobre los riesgos asociados a las "hipotecas basura" estadounidenses que están en el origen de la crisis.

Para aumentar el control y evitar algo similar en el futuro, Bruselas propuso una serie de medidas, la más importante la creación de un registro controlado por el Comité europeo de reguladores bursátiles (CESR, en sus siglas en inglés). También planteó diversas exigencias para asegurar que cuentan con la información suficiente para emitir calificaciones y restricciones para evitar conflictos de intereses, dado que evalúan a las mismas entidades que pagan sus servicios.

Para potenciar su independencia, estarán obligadas a contar con varios administradores independientes, cuya retribución no esté supeditada a los resultados de la agencia. Asimismo, estarán sujetas a nuevas exigencias de transparencia y, así, tendrán que publicar un informe anual sobre sus actividades y divulgar la identidad de sus veinte clientes más grandes, en relación con los ingresos que les proporcionan.

Entre los cambios introducidos por los países a la propuesta original figura el refuerzo del papel del CESR en las tareas de supervisión, así como la flexibilización del régimen de sanciones, que en vez de aplicarse de manera automática al detectar un error, resultarán de un análisis "caso a caso". También se suaviza el rechazo absoluto de todas las calificaciones emitidas por agencias no sujetas a regulación en la UE y en su lugar se introduce un mecanismo por el que las agencias pueden respaldar una evaluación extracomunitaria si cumple ciertos requisitos.

Para mejorar la coordinación a la hora de vigilar su actividad, abogan por crear colegios de supervisores para cada agencia con presencia de los organismos relevantes de los países en que tienen presencia. España no quiso respaldar el acuerdo de sus socios al considerar que supone una rebaja excesiva de la propuesta inicial, según explicaron fuentes diplomáticas, que confiaron, no obstante, en que el Parlamento vuelva a elevar las exigencias.