Con estos recortes el Ejecutivo transalpino pretende evitar la subida del IVA que había previsto para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los últimos terremotos.

Según el comunicado del Gobierno, la reducción afectará a la sanidad
y, sobre todo, a la administración pública, ya que prevé la reducción del número de provincias desde 50 a 110, del número de empleados públicos en un 10% y del número de gestores públicos del 20%.

La reducción de empleados públicos se llevará a cabo, principalmente, congelando las contrataciones y con planes de jubilaciones anticipadas. Además, algunos trabajadores serán enviados a sus casas con el 80 por ciento del salario, en lugar de ser despedidos o jubilados. Los niveles de dotación de empleo público serán revisados en el mes de octubre.

La reducción del gasto público aumentará hasta los 10.500 millones de euros en 2013 y hasta los 11.000 en 2014.