En menos de una década, la producción española de energía solar fotovoltaica ha pasado de unos 12 a más de 3.500 megavatios. En el mundo se ha generado una progresión equivalente, desde 150 hasta más de 23.000 megavatios al final de 2009. España se mantiene como tercer mercado fotovoltaico mundial, con una cuota del 15,5% de la potencia instalada en todo el mundo.
La inversión acumulada en la industria fotovoltaica española supera los 23.000 millones de euros, con cerca de cien mil puestos de trabajo creados hasta 2008 y más de 51.000 instalaciones en funcionamiento. En su momento de mayor desarrollo, el sector solar ha llegado a representar más de un 0,6% en el Producto Interior Bruto nacional.

La industria española fotovoltaica ha sido pionera en soluciones tecnológicas y ha suscitado el interés de muy numerosos inversores nacionales e internacionales. El resultado es que disponemos de una industria con capacidad de moverse fuera y exportar. Sólo necesitamos el indispensable apoyo que cualquier otro sector emergente y considerado estratégico requeriría. La ventaja resulta sustancial, porque a medio plazo esta fuente de energía va a ser determinante en todo el mundo. Por ejemplo, Nabuo Tanaka, director de la Agencia Mundial de la Energía, acaba de asegurar que entre el 20% y el 25% de la electricidad del mundo podría tener origen solar en 2050.

En todos los países, el impulso de la industria fotovoltaica se ha promovido con diferentes sistemas de tarifas oficiales de conexión a red. El sistema español actual no es de los más caros, incluso se ha abaratado un 40% en los dos últimos años y está en condiciones de seguir manteniendo a medio plazo el mayor margen de abaratamiento de todas las renovables.

Entre todas esas potencialidades y expectativas, el Ministerio de Industria acaba de convocar a todas las renovables para solucionar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, minimizando tanto como sea posible las subidas a los consumidores. AEF ha participado en ese proceso, y ya ha presentado al ministerio un cambio normativo para el sector fotovoltaico, a través de un sistema de concursos para nuevos proyectos que sustituya el actual de cupos y asignación por antigüedad.

Se trata de que el Ministerio fije un techo o precio máximo, y que a partir de ahí se compita. En AEF creemos que un sistema como éste, más flexible, que valora las condiciones tecnológicas y el coste del kilovatio hora, que apoya la eficiencia y prima la calidad y solidez de los proyectos, pódría garantizar un sustancial abaratamiento de las tarifas, con un descenso incluso superior al 25% sobre los precios actuales. Y defendemos a la vez que cada tecnología pueda tener mayor peso en el mix eléctrico en función de lo que consiga bajar sus tarifas.

Entendemos que ésta es la opción lógica, por cuanto combina el abaratamiento de precios con el desarrollo ordenado de una industria estratégica para el futuro del país. Ahora bien, además de esta posibilidad varias fuentes oficiales vienen aludiendo a la posibilidad añadida de reducir retroactivamente las tarifas aprobadas para instalaciones renovables ya en uso, construidas o preasignadas, una medida a la que AEF se opone con total rotundidad, por considerarla contraria a derecho. La incertidumbre regulatoria que esa posible retroactividad ha generado en el sector de las renovables, agravada por cuanto aún no ha sido convenientemente desmentida, tiene paralizados más de 10.000 millones de euros en nuevos proyectos, salidas a Bolsa, ampliaciones de capital o estrictas operaciones, tanto fotovoltaicos como de otras tecnologías renovables.

En nuestro sector, la práctica totalidad de los 23.000 millones de inversión acumulada en el sector fotovoltaico corresponde a normativas anteriores, con costes reales por megavatio instalado muy superiores a los actuales, sin palancas operativas para asumir una bajada de tarifa, con un endeudamiento medio entre el 80% y el 90%, tipos de interés cerrados y coberturas a largo plazo. El resultado es una deuda próxima a 20.000 millones de euros, repartida mayoritariamente entre cajas y bancos nacionales e internacionales y sin posibilidades de refinanciación.

Si llegara a aplicarse, además de paralizar la actividad sectorial, la retroactividad encarecería la prima de riesgo de nuestro país, y situaría bajo mínimos la credibilidad del Reino de España entre los inversores nacionales y extranjeros. Podría impedir la llegada de capitales foráneos en un momento económico especialmente difícil y dañaría, acaso de forma irreversible, la imagen de nuestra política económica ante los mercados internacionales, ya que la inseguridad jurídica hará que en adelante ningún inversor se plantee invertir ni en renovables ni en ningún otro sector español regulado.