El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) celebrará hoy vista oral del caso que enfrenta a la Comisión Europea con España por las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El Ejecutivo comunitario llevó a España ante el Tribunal al considerar que el decreto de febrero de 2006 que faculta a la CNE para analizar fusiones energéticas establece restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento. El Gobierno siempre ha defendido que esta norma es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro. La ley española en cuestión es el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la CNE. En virtud de esta disposición, la CNE tiene que autorizar la adquisición de participaciones en un porcentaje superior al 10 % del capital social --o cualquier otro que conceda influencia significativa-- en empresas activas en el sector energético.