"Algo está terriblemente mal... y el imprudente comportamiento de AIG debe ser detenido de inmediato", afirmó el representante demócrata de Maryland Elijah Cummings, quien instó a Liddy a presentar su renuncia.
Una vocera de AIG remitió el asunto a la carta de Liddy, en la cual señaló que los pagos le parecían "de mal gusto".
La frustración también estaba dirigida al gobierno de Estados Unidos, que posee casi el 80% de la atribulada aseguradora. "Corresponde que el gobierno tome medidas más enérgicas" para impedir que se paguen las bonificaciones, indicó Tom Ikeler, inversionista particular de Pensilvania. "Creo que tenemos la influencia" para hacerlo.
Las reacciones ponen de relieve los riesgos políticos que enfrenta el gobierno de Barack Obama mientras busca mantener apoyo político para su respuesta a la crisis financiera, que involucra profundas intervenciones en el sector privado.
En ningún lugar las tensiones son más agudas que en AIG, donde el papel del gobierno ha evolucionado de acreedor inquieto a aliado paciente.
Eso se debe en gran parte a que el plan original de vender los activos de AIG para saldar los préstamos del gobierno no rindió frutos.
En respuesta, el gobierno estadounidense dentro de poco asumirá participaciones directas en las empresas que AIG opera en el exterior, lo que complicaría aún más el rol de Washington como propietario y acreedor simultáneo de la aseguradora.
Los pagos en la división de Productos Financieros de AIG se suman a los 121,5 millones de dólares en bonos de incentivo para 2008 que AIG comenzará a repartir este mes a unos 6.400 de sus casi 116.000 empleados. AIG también otorgará más de 600 millones en pagos por retención a 4.200 trabajadores. En su conjunto, los tres programas podrían resultar en el desembolso de 1.200 millones de dólares en retenciones y bonificaciones a empleados de AIG.
En la división de Productos Financieros, por ejemplo, siete empleados recibirán más de 3 millones de dólares correspondientes a 2008, según un documento de AIG. La división de Productos Financieros, que tiene unos 370 empleados, estuvo en el epicentro del colapso de la compañía a finales del año pasado.
Los contratos que vendió para proteger a otras instituciones contra pérdidas en valores respaldados por hipotecas de alto riesgo forzaron a la compañía a presentar decenas de miles de millones de dólares en colateral, los que en su mayor parte provinieron de los fondos inyectados por el Estado.
La aseguradora estaba al borde de la bancarrota antes de que el gobierno interviniera.
En la carta enviada a Geithner, Liddy manifestó que "asesores externos" señalaron que los pagos anteriormente acordados con los empleados de la unidad de productos financieros son "obligaciones legales y vinculantes de AIG". El presidente ejecutivo advirtió que existen "serias consecuencias legales así como empresariales si dichos pagos no se realizan".
Lawrence Summers, principal asesor económico de la Casa Blanca, dijo algo parecido el domingo en una entrevista en televisión. Aunque hay muchos aspectos preocupantes en la crisis financiera, "lo que ha pasado en AIG es lo más bochornoso", aseveró. Pero añadió que "somos un país que respeta las leyes", y que el gobierno no puede abolir los contratos que la gerencia de AIG tenía con los ejecutivos.
