Entre estas medidas se incluye la anunciada supresión del Impuesto sobre Patrimonio, que costará 1.800 millones -cuyo impacto en la economía se incluyó en el grupo de medidas aprobadas por el Ejecutivo el 18 de abril- y por lo que el Estado deberá estudiar la manera de compensar a las comunidades autónomas, que son las que ingresan la recaudación de este impuesto.((Habrá ampliación))