"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro quien subrayó que estas familias serían consideradas como el "umbral de exclusión". De Guindos además adelantó que, dentro de un código de buena práctica para los procedimientos de ejecución hipotecaria, permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo. Esta medida podría ser también prorrogable.
El Gobierno persigue que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales.
