Esta petición llega pocos días antes de la subasta programada para el 17 de junio, que contempla la concesión de 172 áreas de exploración, incluidas 47 próximas a la desembocadura del Amazonas.

La Fiscalía considera que avanzar con el concurso en estas zonas sin estudios adecuados sobre los riesgos implicados representaría una amenaza directa para la biodiversidad, las comunidades locales y los objetivos climáticos nacionales.

Riesgos ambientales en la cuenca del Amazonas

La preocupación central de la Fiscalía gira en torno a las consecuencias que la actividad petrolera podría tener en una región de altísima sensibilidad ecológica. La cuenca cercana al río Amazonas alberga una gran variedad de especies y ecosistemas únicos, cuyo equilibrio depende en gran medida del mantenimiento de condiciones naturales intactas. La explotación petrolera en estas áreas sin una evaluación exhaustiva podría desencadenar daños irreversibles.

En su denuncia, el MPF exige que la licitación solo sea autorizada si la ANP presenta una evaluación ambiental completa de la cuenca sedimentaria involucrada. Esta condición se considera indispensable para conocer los efectos potenciales de la instalación de un polo de explotación en una zona considerada estratégica tanto en términos biológicos como climáticos.

Estudios pendientes y derechos de comunidades tradicionales

Otro de los puntos clave en la demanda del MPF es la falta de estudios sobre cómo la actividad petrolera impactaría a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que habitan en la región.

La Constitución brasileña y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo exigen que estas poblaciones sean consultadas de forma previa, libre e informada antes de cualquier intervención en sus territorios o zonas de influencia.

Según la Fiscalía, este paso no ha sido cumplido por las autoridades responsables, lo que constituiría una violación de derechos fundamentales. En consecuencia, el MPF pide que cualquier avance en la subasta sea detenido hasta que estas consultas se lleven a cabo con todas las garantías legales.

La licitación petrolera en la zona amazónica forma parte de un plan más amplio de expansión energética impulsado por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, y respaldado especialmente por Petrobras. La estatal brasileña busca abrir nuevos frentes de exploración en el Margen Ecuatorial, una vasta franja marítima que incluye áreas frente a la desembocadura del Amazonas.

Sin embargo, este impulso a la exploración choca con los compromisos internacionales asumidos por Brasil en materia de cambio climático y reducción de emisiones.

Presión sobre las autoridades y antecedentes recientes

El MPF también recuerda en su demanda las dificultades que han tenido empresas en el pasado para obtener licencias ambientales en esta región. En algunos casos, los proyectos adjudicados han quedado paralizados por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades ambientales, lo que demuestra la complejidad de operar en una zona tan sensible.

La solicitud presentada ahora busca evitar que la historia se repita. Si la subasta se lleva a cabo sin garantías ambientales, el Ministerio Público ya ha advertido que pedirá la nulidad del proceso y de los contratos derivados. Esta advertencia añade presión a la Justicia para que resuelva el asunto con rapidez, dado lo inminente de la fecha del concurso.

La resolución de esta disputa tendrá consecuencias más allá de las fronteras brasileñas. La cuenca del Amazonas es considerada un pilar en la lucha global contra el cambio climático, y cualquier intervención que ponga en riesgo su equilibrio genera atención internacional.

Por ello, la decisión que tome la Justicia sobre la petición de la Fiscalía será observada de cerca por organismos multilaterales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.