Para poder acceder a este Bono Social se debe de cumplir una serie de requisitos. Por un lado, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) determina la clasificación del tipo de consumidor vulnerable en base a diferentes criterios como el tipo de familia (con o sin menores, número de menores, familias numerosas, pensionistas o incapacitados, etc.). Con este indicador, se obtiene el porcentaje de descuento sobre la factura eléctrica.

Por otro lado, para poder ser beneficiario de este bono, más allá de tener la condición de consumidor vulnerable, este consumidor debe tener contratada la tarifa regulada del PVPC de manera obligatoria. El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se trata de una tarifa regulada que determina el precio de la electricidad al que se acogen los consumidores del mercado eléctrico regulado. Esta tarifa, sucesora de la Tarifa de Último Recurso (TUR), fue creada tras la liberalización del mercado eléctrico con la finalidad de proteger especialmente a los consumidores más vulnerables, ya que su indexación estaba orientada a ofrecer al consumidor final una señal real de precio con el objetivo de que pudiera modelar su consumo de manera eficiente y adaptándolo en función de los precios que tiene la electricidad en cada hora del día. Sin embargo, la realidad es que esta indexación del PVPC tiene como referencia directa la cotización diaria del pool y, a día de hoy, se ha convertido en la tarifa más cara del mercado. Cabe destacar, además, que esta tarifa está enfocada a los pequeños consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a los 10 kW y, actualmente, se acogen unos 10 millones de hogares en toda España.

Ante este contexto, en los últimos meses se han dado una serie de circunstancias que han desestructurado sustancialmente el panorama energético y que deben de ser analizadas para entender cómo el Bono Social eléctrico no termina de responder de la mejor manera ante su objetivo de proteger a los consumidores vulnerables.

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Mientras que el Bono Social lo financiaban hasta ahora las comercializadoras eléctricas de referencia que suministran el PVPC, tanto libres como reguladas, asumiendo un coste anual aproximado de 200 millones de euros, en enero de 2022 el Tribunal Supremo anuló el modelo de financiación del Bono Social, al entender que no se ajusta a la legislación europea y discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras. De manera adicional, a finales del 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el sistema de financiación español de este descuento en el precio de la electricidad para colectivos considerados vulnerables por ser “discriminatorio” y, por tanto, incompatible con la normativa europea.

En paralelo a estas sentencias, los últimos acontecimientos relacionados con la subida desorbitada de los precios de la electricidad y la volatilidad en el pool, habiendo alcanzado los 545 €/MWh frente a los 50 €/MWh que venía cotizando de media la luz de manera previa a la crisis sanitaria de la Covid-19, han supuesto la desvirtualización del efecto del Bono Social sobre la factura eléctrica de los consumidores vulnerables. Cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por incrementar de manera temporal los descuentos asociados a este bono hasta un 60% y 70% según el tipo de consumidor vulnerable y paliar así esta subida de precios, la realidad es que el consumidor final se sigue viendo afectado por la volatilidad del precio del pool y, por lo tanto, asumiendo un elevado importe económico en su factura.

Al mismo tiempo que se producen estas circunstancias, las principales directrices de la Unión Europea establecen que la regulación sobre las tarifas eléctricas como el PVPC debe ser eliminada progresivamente por parte de los distintos Estados miembros. A pesar de ello, todavía quedan 15 países de la Unión Europea (incluyendo a Francia, Italia, Portugal o España) en donde siguen existiendo este tipo de tarifas reguladas accesibles para el consumidor doméstico minorista. De estos 15 países, 5 de ellos (Reino Unido, Italia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia) ya han establecido una hoja de ruta para retirar sus actuales mecanismos de regulación, incluso algunos han establecido fechas límite para eliminar la intervención pública en los precios eléctricos, como es el caso de Italia, que lo hará a partir de enero de 2023.

De esta manera se concluye que el Bono Social eléctrico sobre la tarifa PVPC no es una herramienta efectiva para la protección del consumidor vulnerable por lo que el Gobierno está estudiando diferentes alternativas que den respuesta a las limitaciones tanto de dicha herramienta como del contexto energético actual. Una de las opciones que parece que se baraja es crear una tarifa social a un precio inferior al del mercado que fije, como hasta ahora, unos límites de consumo. Del mismo modo, se debe analizar cómo se va a financiar el nuevo sistema, siendo los Presupuestos Generales del Estado la principal vía que permitiría justificar esta tarifa como una medida más de la política social del país (de manera similar a como se hace en otros países europeos y evitando así inducir costes adicionales que puedan ser discriminatorios sobre los agentes del mercado).

En definitiva, el Consejo de Ministros aprobará en breve un real decreto con un nuevo paquete de medidas urgentes para paliar la subida de precios energéticos donde se espera que se incluyan las medidas correspondientes para poder desvincular el bono social de los precios de pool, y solucionar así las limitaciones ante la protección de los consumidores vulnerables, junto con otras medidas como la prórroga del recorte de impuestos sobre la factura de la luz o la revisión de la retribución de las energías renovables, entre otros.