Se cumplen ahora 30 años. El 5 de mayo de 1996, José María Aznar tomaba posesión del Gobierno de España. Había ganado por los pelos, pero pudo formar gabinete, gracias al apoyo de CiU y PNV (sí, han leído bien). España inició uno de los procesos de transformación económica más profundos de su historia reciente. Y que más rápidamente tiró por el retrete, cuando lo difícil ya se había hecho.
Aquella fue la mejor etapa de la historia contemporánea, totalmente olvidada, por la sociedad y por el propio PP. No queda nadie en Génova no ya que secunde ese programa, sino que lo recuerde o sea consciente de lo que hizo su partido.
El propio Feijóo no tiene la menor propuesta en materia de capital o ahorro, lo mismo que Vox. En su día, Pablo Casado llevó una propuesta llamada “blindaje fiscal al ahorro”. No se la creía ni él. Desde luego, no hizo bandera de ella. Al parecer, la economía no es rentable en términos electorales, aunque los datos empíricos demuestran lo contrario.
Aquello no fue una reforma aislada, fue un cambio de ADN de país. Un programa coherente orientado a cambiar la estructura misma del sistema económico, pergeñado gracias a la transferencia de conocimiento facilitada por los agentes de cambio y Bolsa (Manuel Pizarro, Juan Carlos Ureta, Francisco González…) y otros como César Alierta. No mucha gente es consciente de esto.
El objetivo era claro: modernizar el país, reducir el peso del Estado y preparar a España para su integración plena en Europa, con la vista puesta en el euro. Convertirnos de una vez en un país desarrollado, capaz de mirar a los ojos a cualquiera. Porque los que llevábamos yendo a la escuela desde los primeros años setenta llevábamos muchos lustros escuchando que éramos un país “en vías de” y el 92 con sus fastos olímpicos y universales no cuajó. Una vez celebrado todo, parecía que volvíamos de nuevo a la miseria.
No habíamos entrado en el Plan Marshall, no fuimos miembros del Mercado Común y entramos en la Unión Europea por la puerta falsa. Éramos un país pequeño e internacionalmente no pintábamos nada.
Pero entonces, esas medidas potenciaron nuestro tejido empresarial y, algo insólito: logró una internacionalización vertiginosa. Se acometió un proceso liberalizador que disparó la contratación laboral. El modelo de empleo cambió: antes, se entraba en una compañía poco menos que cuando había una vacante por jubilación. Con el crecimiento que trajo la eclosión privatizadora, las empresas se pusieron a contratar en masa. Doy fe de ello.
Como colofón, el Ibex se disparó. Los fondos de inversión se desarrollaron. El minoritario inundó la Bolsa, gracias a unas privatizaciones que salieron bien TODAS. A partir de 10.000 pesetas (60 euros), cualquiera pudo invertir. Telefónica, Endesa, Argentaria (la A de BBVA), Tabacalera... No hubo el menor problema de corrupción, comisiones… Las pilotaba gente de la talla de Luis Gámir o un tal Pablo Isla, que con 32 años y gafitas de empollón, tuteló el proceso como Director General de Patrimonio.
Treinta años después, aquel cambio no solo ha perdido centralidad en el debate público. Ni siquiera es que se haya olvidado ingratamente. Es que es denostado abiertamente (he hecho un poco de Google y he alucinado con las lindezas dedicadas a esta etapa).
Pero la gente ganó mucho dinero con sus inversiones. Bendito capitalismo popular. El país se puso en marcha como nunca. La gente joven se colocó y vio cómo los salarios subían y no por leyes que obligaran a ello, sino porque había tal dinamismo en el mercado laboral que los empleadores se aplicaron en retener el talento. Era habitual recibir una oferta laboral cada dos o tres meses y eso lo sabían las empresas.
El resultado fue incuestionable: ese Gobierno que ganó por los pelos en 1996 y necesitó a nacionalistas vascos y catalanes, obtuvo una mayoría absoluta nunca vista e irrepetible en 2000, ya que fue un premio a la gestión, no un voto de confianza a la expectativa, que es lo habitual. Se entró en el euro por la puerta grande, ya que cuatro años antes no se cumplía ningún Criterio de Convergencia.
Los siguientes años fueron aun mejores: se logró superávit presupuestario y en la Seguridad Social, lo cual permitió crear el Fondo de Reserva (la famosa hucha de las pensiones), y rebajar la deuda pública por debajo del 40% PIB. El bono español era un activo escaso en los mercados (como debe ser). ¡Se alcanzó prima de riesgo favorable con Alemania!
España construía en un año las mismas viviendas que Alemania y Francia juntas. Unas 700.000 al año. Se hablaba de ‘milagro español’ y la prensa internacional señalaba a España como la economía más dinámica, solicitando (en artículos de opinión) su ingreso en el G-8. En el tablero geopolítico, por primera vez, España dejó de ser un actor secundario para exigir un reparto de poder que nos situaba en la práctica paridad con el eje franco-alemán. Con el Tratado de Niza, nuestro país lograba una capacidad de bloqueo y, por tanto, una influencia institucional enorme, al romper el tradicional complejo de inferioridad en Bruselas. Fue el momento en el que el peso del internacional del país se equiparó a su éxito financiero, una posición de fuerza que, lamentablemente, se dejaría escapar pocos años después con las cesiones del Tratado de Lisboa (en 2007), con el que se volvió a aceptar que el peso de la decisión fuera para Francia y Alemania.
Todo aquello duró lo que duran los ciclos que no se entienden. ¿O quizás alguien los entendió demasiado bien? Lo cierto es que los ‘tranquilos años 90’ habían traído la definitiva eclosión de las clases medias, con especial mención a este país.
Y, sin el menor motivo, llegaron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hirieron en el corazón al país más floreciente y pro mercado del mundo. En segundo lugar, España y no fue ninguna casualidad, con el horrible 11 M.
El mundo cambió de eje: seguridad, control, intervención. El Estado volvió a ocupar el centro del tablero. Se acabó un ciclo histórico. A partir de ahí, el país giró de forma abrupta.
Se inició una regresión lenta pero constante: el sector público recuperando terreno, el intervencionismo ganando capilaridad, la fiscalidad aumentando sin freno ni debate real y, sobre todo, una erosión progresiva de la clase media, que había sido la gran beneficiaria de aquel proceso de apertura.
El capitalismo popular desapareció sin hacer ruido. Aunque se votó a Rajoy en 2011 y se le dio una mayoría absoluta “de expectativa”, ese PP aplicó políticas más estatistas aun.
Lo más llamativo no es que ese modelo haya sido abandonado. Es que ha dejado de ser defendido. Ni siquiera los partidos que en teoría deberían representarlo creen ya en él. Treinta años después, no queda rastro de aquel impulso reformista.
Hoy, tenemos un IRPF del 45% a partir de 60.000 euros al año, (en 2004, con la cantidad de deducciones posibles, el tipo efectivo era inferior al 30% fácilmente), planes de pensiones prohibidos de facto, impuesto a las fortunas, a la banca, a las eléctricas, a las sicav; no hay incentivo a la compra de vivienda, el ahorro está al 21% (y de ahí, en adelante) frente el 15% de esa etapa, no podemos retirar más de 1.000 euros en efectivo sin que el banco te pregunte para qué es ese dinero, ni pagarlo en efectivo tampoco en tiendas. El número de empleados públicos se ha disparado y las empresas españolas han plegado velas en gran medida en el exterior.
El estado ha renacionalizado de facto Indra o Telefónica. Ha disparado la cuota de los Autónomos. Promete renta universal básica, obliga de nuevo a fichar en los trabajos y sube el salario mínimo. Ha implementado un sistema de facturación casi en tiempo real y pretende que los trabajadores por cuenta propia hagan lo mismo en breve.
Y, de repente, salen Enrico Letta, Mario Draghi o la propia Bolsas y Mercados Españoles a decir que hay que dinamizar los mercados de capitales.
