Solo un 1% de las 700.000 denuncias por hurto anuales en comercios acaban con una sanción efectiva, según los datos del último estudio realizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE, que cifra en 120 millones de euros al año lo que deja el Estado de ingresar solo por no cobrar estas sanciones.
En concreto, la seguridad en el comercio, la lucha contra la delincuencia y más concretamente contra el hurto multirreincidente y profesional se han convertido en objetivos prioritarios de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE.
Por ello, la comisión ya publicó en 2019 un análisis sobre esta realidad en el que se ponía de manifiesto que el coste para el sector a causa de los hurtos en establecimientos superaba los 1.800 millones de euros al año, y suponía una reducción de ingresos para las administraciones públicas de otros 300 millones anuales.
El organismo ha señalado la necesidad de agilizar los procesos judiciales, entre otras cosas, a través de la digitalización de la Justicia, con bases de datos unificadas y actualizadas y la posibilidad de tramitar notificaciones y sentencias por vía telemática o digital, así como a través de procedimientos más rápidos en las citaciones y sentencias y más firmeza en el caso de estas últimas.
De esta forma, están trabajando con el Ministerio de Justicia y con los distintos partidos políticos para tratar de propiciar los necesarios cambios legislativos en el corto plazo.
