La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han suscrito un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas.

De esta forma, la Policía Nacional informará a la CNMV sobre las personas o entidades que pudieran cometer infracciones contra los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con aquéllas.

El convenio también establece un punto de coordinación nacional para todas las investigaciones que lleven a cabo las unidades de la Policía.

La CNMV, por su parte, comunicará a la Policía Nacional cualquier indicio de fraude financiero, y le prestará asesoramiento para facilitar las investigaciones.

"La colaboración que hemos mantenido en el anterior convenio tiene como objetivo proteger mejor al inversor y al ciudadano y deberá verse reforzada en este, ante la creciente incidencia de ofertas fraudulentas y de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión", ha destacado el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha añadido que ambas instituciones van a establecer canales fluidos y eficaces para el intercambio de comunicación, y a colaborar en actividades de formación de relevancia para sus especialistas.

El supervisor ha señalado en un comunicado que el fraude financiero "se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes" y que los chiringuitos financieros "no dejan de evolucionar y adaptarse para desarrollar una amplia tipología de fraudes que afectan al patrimonio de grandes y pequeños inversores".

"El entorno financiero se está volviendo más complejo y los esquemas fraudulentos más sofisticados y, en ese sentido, ponemos nuestra especialización a disposición de la Policía Nacional, que cuenta con medios y experiencia muy relevantes en la investigación de estas conductas", ha destacado Buenaventura.

En el marco del anterior convenio de colaboración, destaca la operación Arana, en la que se logró la detención de ocho personas en España, Bulgaria e Israel por defraudar 38 millones de euros en toda Europa.

A esta se suma la 'operación Chacal', con la que se desarticuló "la mayor estafa piramidal de criptomonedas en España" por valor de 280 millones de euros defraudados a más de 500 pequeños inversores, y la 'operación Bonanza', en desarrollo bajo la dirección de la Audiencia Nacional, que investiga un fraude en inversión en criptomonedas con una estimación de 50.000 afectados y 100 millones de euros defraudados.