El Tribunal Supremo ha resuelto que la Agencia Tributaria (AEAT) debe reconocer el pago de los trienios del personal laboral funcionarizado, según se desprende de la providencia del pasado 22 de enero de la que ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En la actualidad, hay más de 3.000 recursos interpuestos por funcionarios de la Agencia Tributaria en los que se reclama su derecho a que los trienios reconocidos cuando eran personal laboral les sean abonados, tras aprobar la oposición que les convirtió en funcionarios.

El Supremo en la providencia reprocha a la AEAT que ya "existe jurisprudencia que resuelve la cuestión acerca de la cuantía a percibir en concepto de trienios reconocidos como personal laboral al servicio de las administraciones y entes públicos tras adquirir la condición de funcionario".

Destaca, además, que este colectivo tiene derecho a que los trienios les sean pagados "en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados".

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Se trata de la tercera providencia sobre esta cuestión, según recuerda el sindicato, que se suma a las dos sentencias del Tribunal Supremo de 2019 al respecto. En el mismo sentido se han pronunciado también las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en decenas de sentencias de recursos tramitados por los servicios jurídicos de CSIF.

"Valoramos que el Supremo nos vuelve a dar la razón en la defensa de los derechos de estos trabajadores, a quienes la Administración sustituía el importe de sus trienios por los equivalentes a los de los funcionarios, lo que ha supuesto una pérdida económica para los afectados", ha señalado el sindicato.

En este sentido, desde el sindicato no entienden que, tras este nuevo varapalo judicial, la Agencia Tributaria siga gastando "miles de euros" en estos procedimientos cuando ya hay jurisprudencia clara y el tema está resuelto de manera favorable para este colectivo.

Por ello, y tras esta nueva victoria en los tribunales, el sindicato ha reclamado a la AEAT que desista, que deje de destinar recursos públicos a todos estos procedimientos judiciales y cumpla con lo ya resuelto por el Tribunal Supremo.