MADRID, 27 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- ACS ha decidido iniciar los trámites para abandonar la concesión del almacén de gas Castor, al que se se relaciona con los movimientos sísmicos que se están produciendo en Castellón. Los analistas de Ahorro Corporación Financiera (ACF) advierten que esta medida “podría tener implicaciones para el sector gasista e indirectamente para Enagás aunque todavía no estén muy claras las mismas”.
Explican estos expertos que, en principio, la compañía capitaneada por Florentino Pérez “estaría protegida por la retribución garantizada por el ex ministro de Industria, Miguel Sebastian, por más de 1.272 millones de euros, antes de la entrada en operación de la planta, en una orden aprobada días antes de finalizar la legislatura. Esta orden fue posteriormente recurrida por el Gobierno pero el tribunal Supremo la tumbó”.
No obstante, la firma considera que no se puede descartar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “intente de nuevo la vía jurídica. De esta forma, en caso de que finalmente ACS abandone el proyecto, asumimos como escenario base la pérdida del capital invertido por la constructora (228,5 millones de euros), que supondría un impacto del -2,3% sobre nuestra valoración de ACS (hasta 31,5 euros por acción vs. 32,2 euros previos).
En el caso de Enagás, ACF recuerda que tenía una opción de compra sobre la instalación, “siempre y cuando esta estuviera certificada y operativa, que no es el caso. Es más, el Gobierno se habría planteado el cierre de Castor aunque el elevado coste de llevarlo a cabo, de entre 200 y 400 millones, y la esperanza de que se pueda abrir en el futuro, habría descartado esta opción”.
Finalmente, es importante tener en cuenta que el Gobierno ultima la reforma del mercado de gas y para llevarla cabo es clave conocer qué va a pasar con Castor. Su inclusión “en los costes del sistema elevaría el recorte en unos 100 millones adicionales según estimaciones preliminares. Los costes del sistema asciende a unos 3.200 millones frente a los 1.400-1.600 millones del coste del activo. Ahora bien, resulta poco probable que el Gobierno incluya una instalación que no está operativa”, concluyen estos analistas.
S.C.
