MADRID, 14 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- El caso de los ERE irregulares en Andalucía continúa su curso. El juzgado de Mercedes Alaya ha embargado a Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda de Andalucía entre 1994 y 2004, una vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso en marzo y que alcanza los 29,5 millones de euros.
Estos embargos se suman a los llevados a cabo en mayo, cuando Alaya requisó cinco cuentas corrientes y seis bienes inmuebles a Álvarez: cuatro viviendas, un local comercial en Madrid y una finca en Estepona. La secretaria del juzgado considera “insuficientes” esas medidas para cumplir con la fianza designada y por ello ha decidido embargar estos nuevos bienes.
En este sentido, la secretaria da cuenta de que el Registro de la Propiedad de Madrid ha devuelto sin cumplimentar el mandamiento librado para la anotación de embargo de dos de las fincas, ya que las mismas "pertenecen a la imputada en la proporción de 75 enteros por ciento, la primera, y de 75 enteros por ciento de una participación indivisa de 0,91 por ciento, la segunda", lo cual "no coincide con la de 50 por ciento y 0,23 por ciento de las mismas designadas" por la ex consejera.
JUICIO “NULO DE PLENO DERECHO”
El abogado de Magdalena Álvarez ha solicitado la anulación del auto dictado por la juez Mercedes Alaya por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto "un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción". La defensa asegura que la juez ha aseverado que la fianza se impone ante la "probabilidad cierta" de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.
En el recurso, según Europa Press, el abogado de Álvarez afirma que "las manifestaciones vertidas por la magistrada constituyen un prejuicio sobre la responsabilidad penal" de la imputada "que atenta contra la garantía esencial de la inocencia y que además supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor".
R.F.
