El resto de líderes europeos han cedido a las preocupaciones británicas para obtener un acuerdo que permita a Bruselas presentar sus propuestas legislativas en otoño. El objetivo es que la reforma empiece a aplicarse en 2010. Londres se oponía a ceder poderes a nuevas autoridades europeas de supervisión bancaria que ejercería de mediadora cuando hubiera discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Para aplacar estas reservas, el borrador de conclusiones deja claro que "las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de supervisión no deben afectar de ninguna manera a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros". Es decir, cuando haya que intervenir para rescatar a un banco la última palabra debe seguir estando en manos de los supervisores nacionales. Falta ver cómo se concretará este principio en la legislación.

La otra preocupación de Reino Unido era que la presidencia del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos --un nuevo órgano cuya función será recoger y analizar toda la información sobre el sistema financiero, detectar posibles riesgos y avisar para que se tomen medidas para corregirlos antes de que provoquen una crisis-- estuviera presidido por el Banco Central Europeo (BCE). Su temor era quedar marginado por no formar parte de la eurozona.

El resto de líderes europeos han atendido esta preocupación y han decidido que serán los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete los que elijan al presidente de este órgano