Las políticas públicas de apoyo a los biocarburantes son costosas, repercuten en los precios mundiales de los alimentos y su utilidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es limitada, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En un informe divulgado hoy, la OCDE que integra a 30 países, señala que el coste de estas políticas públicas será de 25.000 millones de dólares anuales en 2015 en EEUU, Canadá y la Unión Europea (UE), frente a los 11.000 millones de 2006. En la actualidad esas medidas son responsables de una reducción neta de menos del 1% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte.