El Ejecutivo comunitario envió estas conclusiones preliminares a Roma, que tiene ahora 10 días para responder y presentar sus alegaciones. Si los argumentos del Gobierno de Romano Prodi no convencen a la Comisión, ésta adoptará una decisión jurídicamente vinculante que puede ser invocada por las empresas ante los tribunales nacionales. Las críticas de Bruselas se dirigen en concreto a las opiniones vinculantes contra la fusión expresadas el pasado 4 de agosto por los ministros de Infraestructuras y de Asuntos Económicos, así como la decisión adoptada el 5 de agosto por la entidad pública que gestiona las concesiones de autopistas italianas (ANAS) rechazando la petición de autorización de Autostrade para fusionarse con Abertis.