En su último Observatorio Económico, el Servicio de Estudios del BBVA indica que para llegar a dicho objetivo, que sería "todo un éxito" de la política fiscal, el ajuste del déficit no debería ser menor a 1,5 puntos porcentuales al año, teniendo en cuenta que el déficit público alcanzó el 11,5% del PIB en 2009, según las estimaciones de la entidad bancaria.

Según el BBVA, las medidas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 podrían suponer un aumento de los ingresos impositivos ligeramente por encima de un punto porcentual del PIB. Además, añade que la recuperación económica durante los próximos años permitirá recobrar una parte de la caída de los ingresos públicos a que ha dado lugar la "sobrerreacción" que se ha producido en 2008 y 2009 de algunas de las bases impositivas, como el IVA o Sociedades.

Ambos efectos, considera BBVA, podrían llegar a suponer unos 3 puntos de ingresos impositivos, aproximadamente la mitad de la caída de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB observada entre 2007 y 2009, hasta situarse al final del periodo de consolidación alrededor del 38% del PIB, un nivel similar al promedio observado entre 1995 y 2003.

Por el lado de los gastos, estima que la evolución de algunas partidas está determinada por la dinámica geográfica, por lo que queda poco margen de actuación, como es el caso del gasto en pensiones (que verá incrementada su participación en el PIB alrededor de un punto) o los gastos por intereses, que podrían incrementarse en torno a 1,2 puntos.

En cuanto al gasto en prestaciones por desempleo, éste podría reducirse en los próximos años en medio punto porcentual en un escenario en el que la tasa de paro se irá reduciendo de forma consistente con el aumento de la actividad económica.

REDUCIR SALARIOS Y GASTO CORRIENTE


Por tanto, BBVA señala que el esfuerzo de contención del gasto debería concentrarse en reducir la participación en el PIB de la remuneración de asalariados, los consumos intermedios y otros gastos corrientes a los niveles alcanzados a comienzos de esta década. En concreto, apunta que es necesario que los gastos en remuneración de asalariados se sitúen nuevamente en niveles cercanos al 10% del PIB y el gasto corriente, en el 6,6% del PIB.

Estas previsiones de BBVA están basadas en un escenario de ajuste económico en el que la tasa de crecimiento del PIB real converge hacia su tasa potencial del 2% y, a partir de 2012, las condiciones cíclicas permiten incluso un crecimiento superior al 2% durante algunos años. Según la entidad financiera, escenarios de crecimiento cercanos al 1% tienen una probabilidad "muy reducida" de que ocurran.

Para conseguir este objetivo de reducción del déficit, BBVA cree que sería conveniente introducir un techo de gasto para las comunidades autónomas, así como otras medidas adicionales que permitan controlar de forma efectiva el porcentaje del PIB destinado a algunas partidas presupuestarias, como el gasto corriente, el de personal y de pensiones.

Igualmente, ve necesaria la adopción de reformas estructurales en el mercado laboral que permitan reducir con mayor celeridad el gasto en prestaciones por desempleo y, para ello, apuesta por introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral que "alivie" la presión que el envejecimiento de la población tendrá sobre las cuentas públicas.

LA DEUDA PÚBLICA SERÍA SOSTENIBLE

El BBVA indica que alcanzando el objetivo de consolidación fiscal propuesto por la Comisión Europea (del 3% en 2013), España tampoco tendría problemas de sostenibilidad de la deuda pública, que en términos relativos al PIB, se situaría en torno al 73% del PIB, claramente por debajo de los niveles de Grecia, Irlanda o Portugal.

Por último, la entidad financiera destaca los beneficios de volver a la estabilidad presupuestaria, entre los que destaca el "plus de credibilidad" que conseguirían las administraciones públicas, el menor coste de las primas de riesgo de la deuda española y la posibilidad de afrontar con un mayor margen de maniobra los efectos sobre las cuentas públicas del aumento del gasto en pensiones y en sanidad asociados al envejecimiento de la población española.

"De no haberse planteado el inicio de la consolidación fiscal en 2010 (el Gobierno ha subido algunos impuestos), para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el futuro hubieran sido necesarios aumentos impositivos y reducciones de gasto mayores que los que ahora son necesarios en este escenario de consolidación fiscal", subraya BBVA.