Tras la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que forman el Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— el Parlamento Europeo ha frenado su aplicación. Este tratado, que se lleva negociando más de 25 años, busca eliminar de forma progresiva los aranceles en el 90% de los intercambios realizados entre ambas regiones. De oficializarse, la alianza UE-Mercosur dará lugar al área de libre comercio más grande del mundo, abarcando a más de 770 millones de personas y alcanzando un PIB de 18 billones de euros. Además, este acuerdo supondría el fortalecimiento de la alianza de Europa con América Latina en un contexto de incertidumbre global y funcionaría de contrapeso al auge de las medidas proteccionistas.
El documento ha sido firmado por ambas organizaciones y aprobado por la Comisión y el Consejo de la UE, pero no ha pasado el filtro de la Eurocámara. Por tan solo una diferencia de 10 votos, los parlamentarios europeos consideran necesaria una revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Al tratarse de un documento formado por dos pilares, el Acuerdo de Asociación Completo y el Acuerdo Comercial Interino, la Comisión decidió separarlos debido a la diferencia de procesos de aprobación. En el primero de ellos, se necesita la aceptación de todos los parlamentos nacionales de los países miembros. Sin embargo, el segundo, al tratar únicamente materia comercial, bastaría con la aprobación del Consejo y la Comisión. Es esta segmentación lo que ha llevado al Parlamento Europeo a votar a favor de su revisión al considerar desleal dividir el acuerdo para agilizar su aplicación y retrasar la votación de los parlamentos nacionales.
Ahora, el acuerdo queda paralizado hasta que el órgano judicial presente su resolución, una decisión que puede llegar a tardar hasta dos años. A pesar de que la Comisión podría decidir aplicar el acuerdo de forma provisional, esta medida es poco probable. Para poder llevarlo a cabo no solo necesita la aprobación de todos los países miembros sino que además es un proceso complicado a nivel político.
Si finalmente se oficializa el acuerdo, sus medidas no van a ser instantáneas. La reducción en los aranceles se hará de manera paulatina, en un proceso que puede alargarse hasta 15 años. Para ciertos productos, como los agrícolas en el caso de las exportaciones del Mercosur, se considera mantener el nivel de aranceles actuales o establecer una cuota para limitar su reducción. De forma complementaria, el acuerdo también reduce las medidas no arancelarias, facilita el comercio de recursos críticos y establece obligaciones respecto al cuidado del medioambiente y los derechos laborales.
Actualmente, el mercado europeo es uno de los principales socios de los países miembros de Mercosur, pues representa entre el 15% y el 20% de los intercambios realizados fuera del grupo. Por su parte, Mercosur tan solo representa el 2% de las importaciones y exportaciones totales de la UE, este porcentaje aumenta en sectores clave como en alimentos y materias primas, donde las importaciones alcanzan el 10%. Esta diferencia se debe, en parte, a la disparidad en el nivel de aranceles impuestos. En el caso de los países europeos, el arancel medio a los productos provenientes del Mercosur se sitúa alrededor del 4%, mientras que los productos europeos en los mercados de la alianza suramericana son más que el doble, acercándose a un 11%. De esta forma, la balanza comercial resultó deficitaria para Europa, que en 2024 exportó productos por valor de 329 millones e importó 2.200 millones. Por ello, los expertos esperan que a través de este acuerdo el comercio entre ambas regiones aumente en un 40%.
A pesar de las ventajas que puede presentar la firma del acuerdo, el proceso no está siendo sencillo. Países como Francia, Polonia, Hungría y Austria se han posicionado en contra de forma contundente, lo que ha retrasado la ratificación del documento. Además, en países como España, Francia o Italia ha habido fuertes protestas lideradas por trabajadores del sector primario que denuncian el fomento de una competencia desleal. Asimismo, diferentes activistas de la lucha contra el cambio climático también se han posicionado en contra.
Los sectores más beneficiados en España son el vinícola y los productores de aceite de oliva. En el caso del vino, la apertura a nuevas economías representa una oportunidad importante para hacer frente a los aranceles impuestos en el mercado estadounidense, el cual era, hasta el momento, el segundo mayor destino de los vinos españoles. A pesar de que los empresarios del sector aceitero ven con buenos ojos el acuerdo, lo consideran asimétrico. Mientras las empresas aceiteras de los países del Mercosur podrán exportar aceite libre de aranceles, en el caso de las empresas españolas la reducción será progresiva y se tardará quince años en eliminar al completo los aranceles a su producto.
Por su parte, otros productores como los pertenecientes al sector cárnico, exponen que esta apertura supone una competencia desleal. Argumentan que con la aprobación del acuerdo se estaría permitiendo la entrada de un producto más barato y con diferentes estándares de calidad, procedentes de países donde se utilizan sustancias químicas no permitidas en el mercado europeo. A pesar de que la UE obliga a todos los productos —europeos o importados— a cumplir con las normas fitosanitarias, los productores denuncian la falta de control en las fronteras. Es decir, la negativa radica en la dificultad de verificar los estándares de calidad europeos en los productos importados.
Con todo, de formalizarse, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sería un hito histórico y una señal clara contra las políticas proteccionistas del presidente estadounidense. A pesar de que su implementación está sufriendo limitaciones y que su éxito no está garantizado, ambos grupos buscan demostrar el poder de la integración económica. La firma de este acuerdo muestra un destello de cooperación y diálogo en medio de un contexto marcado por la hostilidad entre países.
