Francia y Países Bajos reclaman a la UE una regulación de criterios ESG que añadan transparencia al mercado

La petición expresa de la Autorité des marchés financiers (AMF) y de su homónima holandesa, la Autoriteit Financiële Markten (AFM), impulsa unas nuevas reglas de juego europeas que sirvan para mejorar la información sobre servicios de sostenibilidad y de índole social, así como datos de mayor rigor y transparencia de las empresas para una adecuada evaluación de los criterios ESG por parte de los inversores. En un momento clave, en el que la Comisión Europea ha lanzado ya su estrategia ecológica, que implica un cambio de patrón de crecimiento, y sus recursos para el fomento de la digitalización y de las iniciativas tecnológicas y de I+D+i que demanda el Pacto Verde europeo y el nuevo paradigma económico. En este sentido, la AMF y la AFM reclaman la incorporación de la renovada estrategia de finanzas sostenibles al futuro sistema productivo del mercado interior. Con la finalidad de prevenir deslocalizaciones inversoras y proyectos de lavado verdes de empresas, así como inculcar mayor protección y garantías a los flujos de capitales. En sus reivindicaciones, incluyen nuevas exigencias de transparencia y metodologías que faciliten la gestión de conflictos de intereses, los procesos de control interno de las firmas y refuercen el diálogo de los inversores con las compañías sujetas a ratings de sostenibilidad.   

La aceleración de la transición energética en Europa requerirá inversiones significativas en los próximos años, a resguardo del Pacto Verde de la UE, en el que se estiman desembolsos de más de 260.000 millones de euros anuales hasta 2030. Y la influencia de los principios ESG sobre las carteras de capital de inversores minoritarios y gestoras de fondos, donde aumenta el interés por cada una de las tres siglas del trinomio, también en el sector financiero, pero donde se eleva al mismo tiempo el nivel de recopilación y análisis de datos de cada activo seleccionado como fondo responsable. Es decir, que los servicios que proveen información juegan un papel esencial en las definiciones de las carteras de inversión. Al igual que la calidad y la transparencia de los mismos.

Y el escenario actual los mantiene en una situación de desregulación, explican las dos instituciones financieras, que enfatizan: “una metodología alejada de la opacidad y con criterios comunes ayuda a comprender el desarrollo de las estrategias ESG de las corporaciones y permite una mejor comprensión y comparación entre los inversores”. En una época en la que se produce una intensa consolidación en el mercado de la necesidad de acceder a servicios de sostenibilidad de las compañías en Europa. De no concretarse -alertan- podría limitarse el número de agentes que disponen de tal información, no reservada, sino prioritaria, a mayores costes y emerger al mismo tiempo potenciales conflictos de intereses corporativos que quedarían a expensas del conocimiento del mercado.  

El documento conjunto de la AMF y la AFM pide una regulación europea y medidas supervisoras sobre los agentes que operan en el mercado interior, así como unas reglas de juego precisas en materia profesional y comercial. Bajo el paraguas protector de la ESMA, la European Securities and Markets Authority. Con requerimientos de transparencia sobre metodología informativa y una identificación nítida sobre gestión de conflictos de intereses que sirvieran para robustecer todos los procesos de recopilación de datos. Sería un enfoque inicial, que debería revisarse de manera periódica, en función de la evolución de los mercados. 

Laura van Geest, presidenta de la autoridad holandesa cree que este armazón normativo “sería un factor determinante para los inversores, para su toma de decisiones”. La introducción de una lista de criterios mínimos de transparencia “beneficiaría enormemente el ecosistema sostenible de las finanzas en Europa”. E invita a las entidades regulatorias, a los agentes del mercado y a los stakeholders a aportar nuevas perspectivas a este debate. Robert Ophèle, su homólogo en la entidad gala, incide en que “las inversiones sostenibles están creciendo rápidamente en todos los mercados, pero su credibilidad depende de la calidad y la facilidad de transmisión de datos que refuercen la solidez de las empresas hacia la sostenibilidad, sus proyectos sociales y la buena gobernanza corporativa”. Una tarea que debe tener el marchamo europeo, insiste. 

 
Las empresas españolas están en buena posición en materia de transparencia e información de criterios ESG. La decimoprimera edición del KPMG Survey of Sustainability Reporting, que se publicó por vez primera en 1993, y que se basa en un sondeo a 5.200 compañías de 52 países y jurisdicciones, sitúa a España entre la tercera parte de economías (14 certifica el estudio) con elevados índices de información sobre los proyectos verdes y las inversiones ecológicas que sus empresas trasladan al mercado. Y obtiene una alta puntuación. Nada menos que un 98%, lo que la encarama al séptimo peldaño de su ranking global. Es decir, que el sector privado hispano ha hecho los deberes y sus iniciativas verdes están siendo recopiladas, analizadas y registradas por los inversores, en su reivindicación de datos que exigen los fondos responsables (Environmental, Social and Governance). 

El tercer pilar de estos criterios, el referido a la buena gobernanza corporativa, es la que reclama informaciones precisas sobre la autenticidad y credibilidad de las políticas e inversiones verdes de las compañías. El diagnóstico de KPMG cobra especial relevancia porque enmarca su sondeo de opinión en dos grupos empresariales. El primero, al que apellida N-100 y en el que incluye al centenar de firmas con mayores ingresos en cada uno de los 52 territorios -de gran y mediano tamaño- y un segundo (G-250), en el que engloba a las 250 corporaciones de mayor facturación, según la clasificación Fortune 500 del pasado año y que, en su práctica totalidad, llevan ya una trayectoria de varios ejercicios suministrando su información ESG a los mercados.

   
Amplia repercusión de las inversiones verdes

En el examen de la firma de servicios profesionales han logrado la excelencia firmas de todos los continentes. Lo que revela -dice el estudio- “la elevada cota de información sobre sostenibilidad que se puede encontrar ya por todas las latitudes del planeta”. En los países pioneros, debido a los requisitos regulatorios implantados por sus autoridades económicas y parqués bursátiles. En el caso europeo, esencialmente por la trasposición de la directiva comunitaria sobre Información No Financiera, que obliga a presentar informes con altos estándares de datos y estrategias a las empresas. Pero también por la demanda de datos relevantes por parte de fondos de inversión y sociedades de valores que diseñan sus carteras bajo estrictos criterios ESG y que “han saltado al orden de prioridades de sus movimientos de capital internacionales en los últimos tres años”. Aunque, de forma muy significativa, durante la Gran Pandemia, lo que explica la asimetría que ha reinado en los mercados que, durante el final de la primavera y la casi totalidad del verano, en los meses de desescalada de los confinamientos sociales, llegaron a rozar -e, incluso, superar, como en el S&P 500- sus máximos históricos. A pesar de que esa “exuberancia irracional” como la calificó en su momento el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, no se ajustaba a la dinámica real de las coyunturas nacionales. Sometidas en ese proceso a un profundo bache recesivo en todo el mundo. “La creciente exigencia de notificaciones minuciosas sobre la táctica de cada empresa cotizada para paliar los riesgos del cambio climático y su adopción de métodos de planificación de resiliencia ante circunstancias adversas a los objetivos de sostenibilidad, está germinando en los sistemas financieros de determinadas regiones y países”, aseguran en KPMG. 

América ha liderado este salto informativo de las empresas. Tras marcar un avance de 7 puntos porcentuales desde 2017, y ya abarca a nueve de cada diez compañías del continente, que ya se erigieron en el estandarte de este tipo de revelaciones al mercado. De hecho, México consigue un 100%. Es decir, su sector privado -los del grupo N-100 y sus entidades del G-250- suministran estas notificaciones en su totalidad. EEUU logra un 98%, Canadá, un 92% -los tres en el top-ten- y Brasil, un 85%. Con Argentina y Colombia en un 83%, por encima del promedio global, situado en el 77%. En la región Asia-Pacífico el repunte ha sido de 6 puntos, hasta el 84%. Capitaneados por Japón (100%), Malasia (99%), India (98%), Taiwán (93%) y Australia, un 92%. Mientras que en Europa se ha mantenido invariable, en el 77%, justo en la media internacional. Si bien entre los socios del Este el crecimiento ha sido notable, de 9 puntos porcentuales. Por lo que la UE, a pesar de su ambiciosa agenda verde, ha permanecido estática en cuanto a involucración de sus empresas. Y las firmas de sus estados históricos, los occidentales, han visto reducido su brecha respecto a sus homólogas del Este, que asumieron con retardo, además, la adaptación de la ley angular comunitaria en esta materia. En las naciones de Oriente Próximo y África el aumento ha sido también considerable. De 7 puntos. Con Sudáfrica (96%) liderando las notificaciones a los mercados, seguida de Nigeria (85%). Aunque en esta zona geográfica estos avances contrastan con los bajos niveles de información registrada y publicada por las empresas de Angola (30%), de Arabia Saudí (36%) o de Emiratos Árabes Unidos (EAU), del 51%. Donde se puede decir que todavía persisten extensas áreas de opacidad informativa de sus corporaciones.  

En 2020 -prosigue el informe- al menos el 70% de las N-100 de todas las industrias superaron el listón del 70%. Salvo el comercio minorista, que ha quedado rezagado respecto a 2017. Los seis sectores más rigurosos en la revelación de datos este año han sido el tecnológico, medios y telecomunicaciones, minería, petróleo y gas, química y la forestal y de papel. Mientras que cinco de estos segmentos productivos alcanzaron el 100% de la información requerida por el mercado en el G-250. 

 
Ramón Pueyo, socio para Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG España y una de las voces analíticas del estudio de la multinacional de servicios profesionales incide en la trascendental trasposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español en diciembre de 2018. “La norma introdujo significativos requerimientos, como la información a las compañías de más de 500 empleados sobre sus medidas en favor de la corrección de la brecha de género”. Pero en especial, menciona la recomendación de que las notificaciones de las empresas fueran revisadas por una entidad independiente. La entrada en vigor de la ley ha generado un notable incremento de la información no financiera en un muy significativo aumento del número de compañías, dice Pueyo. Para quien “es de esperar una mejoría de la calidad de estos informes periódicos y de un mayor censo de empresas, bajo los estándares internacionalmente aplicados, así como de los datos sobre las medidas de los sistemas de control interno de las mismas”, otro de los requisitos que buscan los inversores dentro de la buena gobernanza corporativa.