Como todo, tiene un coste: un billón de dólares anuales más hasta 2050 en acciones concertadas para alcanzar la neutralidad energética. Pero también una gratificación inversora: una economía de 26 billones de dólares, similar a la suma de los PIB de EEUU y Japón. Las firmas españolas ya han tomado posiciones.
La energía solar y eólica, en la actualidad más barata que los combustibles fósiles en cada vez más regiones del planeta, está en condiciones de reemplazar a las energías contaminantes. Sólo este tránsito hacia el abandono de estas pautas industriales en el mix de la generación eléctrica, traería consigo la supresión de la mitad de las emisiones actuales que provocan el calentamiento global en una fecha ya inminente: 2030.
Un grupo de científicos y expertos en cambio climático acaban de publicar un estudio, Exponential Roadmap, que concede un espacio al optimismo en la batalla contra la catástrofe del clima. En su análisis, convienen en augurar que, mediante la aplicación urgente de un número sorprendentemente escaso de avances tecnológicos conocidos y, en muchos casos, ya operativos, junto a la adecuada implantación, en paralelo, de una serie de estrategias bien hilvanadas para combatir la mayor de las crisis a la que se ha enfrentado la humanidad, la tendencia actual hacia el catastrofismo se revertiría de manera contundente. Eso sí, también coinciden en proclamar la imperiosa necesidad de que los movimientos sociales o las protestas civiles no pierdan su intensidad reivindicativa.
Una de las recetas que juzgan prioritarias es la sustitución del actual parque de vehículos con motores de combustión fósil por automóviles eléctricos que, en ciertas naciones, no sólo es una solución factible y sostenible, sino que lograría que el 90% del tráfico rodado mundial deje de emitir gases contaminantes en 2030. El transporte por carretera -pero también el marítimo y el aéreo- son tres de los segmentos de actividad que más responsabilidad tiene en esta emergencia planetaria.
También apelan a una más adecuada gestión de los terrenos de producción agrícola, que evite la deforestación. Ilustran este desafío en la cuenca del Amazonas que, en los últimos meses, ha sido asolada por la deforestación de origen humano y que podría, si se revirtiera los procesos de ampliación de zonas agrícolas, reducir en 9.000 millones de toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera en 2030.
Una antigua alta funcionaria de la ONU con poder ejecutivo en materia de cambio climático, Christiana Figueres, deja un epitafio sobre la trascendental época actual. Figueres ve “evidencias reales” de una incipiente conciliación entre los objetivos sociales y económicos en esta urgencia mundial; hasta el punto de que “podemos afirmar que a lo largo del próximo decenio dispondremos de un potencial inigualable para acometer la transformación de la economía más fulgurante de la historia”.
Beneficios verdes y los costes de no actuar
Quizás las palabras de Figueres pequen de optimismo. Pero son la clave del éxito. Es la opinión de Johan Rockström, director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático. “Es una carrera contrarreloj en la que tanto las empresas como sectores industriales al completo tendrán que acometer transiciones significativas en los próximos diez años”, porque “mientras la asunción de este nuevo paradigma productivo es urgente, la velocidad con la que se acomete dista mucho de ser la recomendable”.
En línea con la tesis argumental de Owen Gaffney, uno de los autores de Exponential Roadmap, en cuyo texto se identifica hasta 36 iniciativas estratégicas para reducir la polución, además de las energías limpias y la automoción eléctrica. Entre otras, el rediseño de ciudades o del transporte marítimo. A su juicio, los gobiernos deberían cooperar en esta cruzada y “activar de inmediato políticas idóneas de impulso a la innovación” en esta dirección.
Gaffney, director del Stockholm Resilience Centre, apela claramente a la involucración de plataformas digitales como Google, Amazon o Facebook, para que abandonen su exclusivo tacticismo consumista y adopten objetivos de contenido social. Como, por ejemplo, dejando de promocionar actividades mercantiles de altas emisiones de carbono.
La búsqueda de la neutralidad energética, que países como Alemania no sólo ha asumido en el orden doméstico, sino que pretende involucrar al conjunto de la UE para lograr emisiones cero de CO2 en 2050, esconde, además, un maná de beneficios.
Otro diagnóstico, prospectivo, que evalúa este impacto en términos monetarios, bajo el elocuente título de New Climate Economy, estima que el pastel del negocio verde ascendería a 26 billones de dólares en 2030, cifra similar a la que la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, en sus siglas en inglés) augura como incremento del PIB global, si se acometiera convenientemente esta transición energética para esta misma fecha.
Es la suma del PIB de EEUU y Japón, primera y tercera economías globales. Para más inri, de no emprenderse este tipo de políticas -es decir, el calibre de los costes asociados de no actuar- los efectos serán perniciosos. Desde todo punto de vista. Pero también monetario. Porque la factura mundial por el exceso de emisiones de CO2 de una economía como la de EEUU, cuya administración ha sacado al país de los Acuerdos de París, ha lanzado al espacio 20.000 millones de toneladas de dióxido de carbono más, hasta 2018, en comparación con la cuota comprometida por la Casa Blanca en los acuerdos de Kyoto de 1992.
Este superávit contaminante podría parecer testimonial para una economía que ronda ya los 20 billones de dólares. Pero no lo es. Baste decir que estos 25.000 millones de toneladas adicionales es una cantidad que supera las emisiones totales procedentes de China, India y la UE del pasado año. Más en concreto, y según cálculos del propio gobierno federal americano de 2016, basado en una prospección matemática que contabiliza el daño causado por cada tonelada de emisión de CO2 en 42 dólares, el coste para la economía mundial del exceso contaminante de EEUU será superior al billón de dólares en los próximos años. Sin embargo, Donald Trump, califica de “irracionales y de exigencias económicas y financieras draconianas” para su país el cumplimiento de los pactos de París.
La involucración de la comunidad empresarial
La drástica reducción de los gases que provocan el calentamiento global pactada en 2015, en la cumbre de París, a la conclusión de este siglo, requerirá un aumento de las actuales partidas de inversión en energías limpias, de forma sostenible, de un billón de dólares anuales hasta 2050, según cálculos del panel de expertos de Naciones Unidas.
Desde la consultora Boston Consulting Group (BCG) se cuestionan cómo persuadir a empresas y fondos de capital riesgo, que apenas aportan en la actualidad una financiación de 10.000 millones de dólares, para poder espolearlas en la puesta en marcha de proyectos verdes.
A partir de trece casos de estudio en cuatro áreas críticas para propiciar y certificar su éxito: combustibles alternativos, transporte limpio, fuentes reutilizables y energías renovables. Alexander Meyer, el director de este diagnóstico, matiza que este escenario precisa de la unidad de acción en varios frentes crediticios para que logren obtener el punto de madurez. Desde líneas de financiación interna de las empresas, hasta un elenco de garantías y subsidios estatales, pasando por la estabilización de los flujos crediticios bancarios y de otros agentes prestamistas. Y, para ello, reclama ventajas fiscales a la inversión privada durante un cierto periodo de tiempo, con objeto de favorecer “la afluencia de capital” hacia los planes verdes, bajo el principio de que revertirán los beneficios obtenidos a la sociedad.
También la proliferación de yieldcos -estructura corporativa enfocada a generar dividendos asentados en los activos de las compañías que adquiere la forma de fondos que cotizan en bolsa y que reciben ventajas tributarias- vinculados a los parqués bursátiles. De forma que den a los inversores una información fidedigna de su involucración en el respeto medioambiental. Hay yieldcos -dice el estudio- que manejan activos de granjas eólicas que han propiciado estabilidad en la generación eléctrica y posibilitado el retorno de dividendos a los inversores. El fomento de los Modelos de Rotación de Activos (ASM, según sus siglas en inglés) que orientan carteras de capital, como las de los fondos de pensiones o los soberanos, a rentabilidades futuras a largo plazo y que otorgan, así, fidelidad a las inversiones.
En paralelo, proponen otras dos sugerencias. Una, encaminada al reforzamiento de las garantías crediticias; una especie de póliza o cobertura de riesgo que, en opinión de los expertos de BCG “añadiría atractivo a los inversores” y que facilitaría, además, la compra de generación eléctrica a productores independientes. Y otra, la unificación de criterios monetarios de los bonos verdes, que pierden atractivo si están denominados en divisas locales con riesgos de devaluación, como los 'masala', en India.
En la firma BCG hacen hincapié en las labores de convencimiento que los ejecutivos y directivos de empresas deben realizar en los mercados emergentes donde tengan intereses mercantiles, porque “lograr que estos países se apunten a los ambiciosos objetivos de neutralidad energética también serán cruciales. El precio de no actuar, explican en otro informe los analistas de BCG, es demasiado alto. El PIB per cápita mundial retrocedería un 30%, enfatizan. Frente al repunte de un punto porcentual al año, hasta 2015. En el que aseguran que el coste de avanzar hacia este nuevo paradigma “está altamente sobrevalorado”.
