Todos los días leo la prensa económica fatalmente convencido de que tendremos alguna de estas ideas ‘brillantes’, (con comillas, por si no se entiende la ironía): una nueva subida de impuestos, un nuevo cambio normativo que nos causará molestias o alguna concesión de gasto público con criterio clientelar que se traducirá, sí o sí, en más presión fiscal.

Lo cual nos aleja cada vez más de nuestro proyecto de vida y planes de elaborar nuestro patrimonio. Parece haberse decidido ya que no debemos generar nuestro ahorro, sino abandonarnos a la dependencia del estado. El que se resista está condenado a sufrir.

Es un tema doblemente irritante: nos quitan nuestro patrimonio, desde el criterio que considera que nuestro dinero es suyo y ‘ellos’ (de nuevo, comillas) deciden cuánto podemos quedarnos. Y para qué usarlo, que esa es la siguiente.

E igualmente grave es la capacidad de interferir en nuestra vida diaria con decisiones que no le solicita la sociedad: la encuesta a las empleadas de hogar, las obras públicas que nos ponen a discreción; muchas de ellas no soliticadas, la manifestación de todo tipo de grupúsculos que nos corta el tráfico un día sí y otro también, la implantación de llevar receta a la farmacia para hacerte con la medicina que llevas tomando toda la vida, el certificado de eficiencia energética de las casas que no se sabe qué utilidad real tiene, el sarao populista del alcalde de turno que bloquea las calles…

Igual que deciden que nuestro dinero es suyo, también nuestro tiempo. El día a día de un ciudadano debería ser sagrado. Pues no: está supeditado a las decisiones administrativas y políticas.

La libertad financiera no es un mito californiano ni un manual de autoayuda en formato vídeo corto. Es una aspiración legítima de cualquier persona que quiera vivir con margen. El eterno sueño de “ser dueño de mi tiempo”, sin la sensación permanente de que trabaja solo para llegar a fin de mes. No exige grandes fortunas: exige previsibilidad, reglas estables y un entorno que no penalice el esfuerzo.

Como apuntábamos, esa libertad financiera se erosiona cada semana. Con grandes decisiones, y por esa acumulación constante de pequeños golpes. Es la economía de los micro-incordios. Ese rosario interminable que empobrece sin que casi nadie pueda señalar un único responsable.

Lo último ha sido la obligatoriedad de las balizas electrónicas V16. Un gasto (y un coñazo más), en aras de la “modernización” que se nos vende como un avance tecnológico, aunque, la verdad, para millones de ciudadanos supone simplemente otra compra obligatoria impuesta desde un despacho. Ponte a buscarla (seguro que encima se agotará), cerciórate de que sea la adecuada, luego lee en prensa que las empresas adjudicatarias son corruptas, del amigo o familiar de tal político, etcétera.

Hace apenas unas semanas, las familias lidiaban con ese cuestionario para empleadas de hogar, un formulario intrusivo, mal planteado y desconectado de la realidad laboral española. De repente, a todo correr, porque vencía el plazo. Y, por supuesto, cuando se subía el informe a la página de la administración… la web caída. Venga, a estar pendientes todos de cuándo podía solventarse el trámite.

Antes de eso, llegó la tasa de basuras inventada, en los municipios. Un tributo que crece sin relación clara con la calidad del servicio, con un clarísimo sesgo político y que, en la práctica, actúa como un impuesto patrimonial en miniatura.

¿Qué decir de los autónomos? Primero, el incremento generalizado de cuotas; luego, un matiz técnico por fases; después, nuevos tramos, nuevas obligaciones, nuevas amenazas de sanción. Cada semana les meten un nuevo susto en el cuerpo. Están en el alambre, la clase política les odia y no les va a dejar dormir tranquilos ni una noche.

Venimos de intervenciones sobre el mercado del alquiler que reducen oferta y encarecen precios; del impuesto de solidaridad by the face, anunciado como temporal pero no hay nada más eterno que una medida política provisional.

Ya se apuntan nuevos capítulos: más presión sobre el IBI, los deseados gravámenes al dividendo de Belarra y Díaz, control a los Bizum, a las operaciones de tarjeta de débito y, por supuesto, a new star is born: Verifactu.

Un nuevo apretón marca de la casa: control en tiempo real de la actividad económica (para opinar, regular y sancionar), es decir, más tiempo y más dinero. Porque requerirá dedicarle más horas a la administración y ya veremos cuánto cuesta el programita de marras.

Se calcula que el 20% de la actividad económica de empresas o autónomos se va en la relación con la administración, fiscal o regulatoria. Por circunscribirlo al ámbito de Estrategias de Inversión, una gestora independiente tiene que tener contratado a un abogado sólo para sus relaciones con la CNMV. No un recién licenciado, claro, tiene que ser alguien con capacidad de interlocución con el regulador, que le está exigiendo continuamente todo tipo de requerimientos, cambios normativos, ya sean domésticos o internacionales, etcétera. Sale del bolsillo de la gestora.

Cada medida, aislada, parece irrelevante, pero el conjunto forma un mapa desesperante. Irrespirable. En España, la capacidad de construir libertad financiera está bloqueada por una retícula de fricciones que afectan al ciudadano medio, al autónomo, al pequeño inversor y a cualquiera que intente ahorrar.

Es la técnica clásica de los mil cortes: ninguno duele demasiado por separado, pero juntos impiden avanzar.

En la cima de esta economía del micro-incordio que aleja la opción de libertad financiera está la asfixia fiscal. Impuestos elevadísimos y cada día más arbitrarios. Lo mismo un día cae uno sobre la banca que otro a las fortunas o a las eléctricas o a cualquier otra cuestión.

Los tipos impositivos varían cada dos por tres, así como los tramos. Por no hablar de la invención de nuevos tributos. Los cimientos recaudatorios varían continuamente. Evolucionan en tiempo real, como la Bolsa. ¿Hay que subir el sueldo a los funcionarios un poco más? De inmediato, todo el mundo se echa a temblar porque saben que detrás de esa medida se esta estudiando la manera de estrujar más la recaudación.

Eso es inseguridad jurídica total, no sólo el hecho (que podría argumentarse que se trata de algo puntual) de que el Fiscal General del Estado, pieza central del Estado de Derecho, sea condenado por estar al servicio de la política. Las instituciones intervenidas, la fiscalidad asfixiante, y la vida cotidiana del ciudadano, al albur de las genialidades política. Todas las semanas, un nuevo incordio.

El tiempo es una variable a controlar: le pertenece al estado. Porque para controlar tu tiempo, necesitas tener libertad financiera. ¿Aspiras a decidir tu agenda? Ni lo sueñes.