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Francia se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera europea y no precisamente por falta de Estado, ya que es casi un país ministerio. Su gasto público es del 57,3% del PIB, mientras su deuda superó el 115%, con el déficit por encima del 5%. Y su economía ha decrecido un 0,1% en el último trimestre. Las cifras describen una nación en la que las administraciones gastan más de la mitad de lo que produce el país y, aun así, necesitan endeudarse para cuadrar las cuentas. Una canción que empieza ser un disco rallado.
Los mercados han comenzado a pasar factura. Otra cantinela que nos suena, pero insistimos en ella: la prima de riesgo francesa se ha disparado, el coste de financiación se ha encarecido y las agencias de calificación cuestionan la trayectoria de sus finanzas públicas. Francia todavía no ha desencadenado una crisis de deuda europea, pero su dimensión económica convierte cualquier episodio de desconfianza en una amenaza para el conjunto del euro. Dicho de otro modo: las alarmas han saltado y no con poco volumen.
Ahora, con un problema social fuerte, además, mucha gente se pregunta qué soluciones hay para este aparente colapso. La fiscalidad es descomunal (convivimos con tipos directos sobre rentas del 40% junto a impuestos indirectos por todo, con una docilidad increíble), pero las prestaciones comprometidas todavía lo son más. Sin embargo, mucho me temo que la solución para la enorme deuda sea la emisión de más deuda. A cambio, eso sí, de un esfuerzo de “consolidación fiscal”, es decir, más impuestos, para evitar los “recortes”. Por tanto, como el Estado está al borde del colapso, la solución será más Estado.
La pregunta es inevitable: ¿es una buena solución para los problemas de un Estado sobredimensionado darle todavía más poder?
Europa ya vivió este debate hace cuatro décadas. François Mitterrand llegó al Elíseo en 1981 con un ambicioso programa de nacionalizaciones bancarias e industriales, que retrata con tanta gracia Berlanga en Nacional III.
Apenas dos años después, las dificultades económicas le obligaron a rectificar y adoptar una política de mayor disciplina y deshacer gran parte de lo andado. Chirac devolvió a la sociedad Saint Gobain, Paribas, Societe Generale…. El mercado, ese incómodo mecanismo que tantos políticos pretenden domesticar, volvía a imponerse de manera terca.
En España, Felipe González inició el camino de la reconversión industrial, la apertura económica y las primeras privatizaciones. Él sí había dejado atrás la doctrina marxista y tenía muy claro que el socialismo que enfilaba el siglo XXI era una socialdemocracia de libre mercado, con coberturas sociales. José María Aznar profundizaría después en aquel proceso, que permitió consolidar grandes grupos empresariales y extender la propiedad accionarial entre los ciudadanos.
Telefónica, Repsol, Endesa o Argentaria protagonizaron una etapa en la que miles de familias descubrieron que podían ser accionistas de grandes compañías, no únicamente contribuyentes de un Estado propietario.
Aquello recibió un nombre que hoy parece casi revolucionario: capitalismo popular. Bendito sea, allá donde esté.
La privatización no garantizaba el éxito empresarial, pero introducía algo fundamental: incentivos, competencia, disciplina financiera y una mayor separación entre las decisiones corporativas y los intereses del Gobierno de turno. Participación de la sociedad en el mercado. Ahora Europa parece recorrer el camino inverso.
Tras los problemas ferroviarios, vuelven a escucharse voces que reclaman nacionalizaciones, concepto atávico donde lo haya. Como si cambiar la titularidad de una compañía constituyera una garantía automática de seguridad, mantenimiento o eficiencia. Más bien al contrario: la excesiva politización coloniza las instituciones, las convierte en centros de reparto y control y pervierte su función.
Si pones a militantes de partido en los centros de decisión, los montes se incendian, las ciudades se inundan, las licitaciones de las autopistas vencen y no se renuevan, las carreteras se llenan de baches, las sequías resecan las poblaciones, el país se apaga y la mala gestión de la red eléctrica afecta a las vías del tren, que sufre gravísimos accidentes. Etcétera.
Los nombramientos controvertidos en empresas públicas como Adif deberían obligarnos a reflexionar sobre la profesionalización de sus órganos de dirección. Una infraestructura ferroviaria necesita ingenieros, gestores y técnicos competentes. No afinidades ideológicas ni currículos cuyo principal mérito sea la proximidad al poder. Ver la directiva de Adif era para llorar, aunque eso trasciende del ferrocarril.
Lo público es por defecto más ineficiente que lo privado, porque pierde el incentivo, eso que se denosta desde algunos flancos: “vienen a ganar dinero” (ya sea la sanidad, el transporte, la construcción, la vivienda…). ¡Herejía! ¡Las cosas deben hacerse sin incentivo y gratis, la palabra mágica! Pero cuando desaparecen la competencia, la responsabilidad individual y la disciplina económica, aparecen condiciones propicias para la complacencia, el clientelismo y el reparto de prebendas. La sovietización y la pobreza.
Lo privado no es perfecto, pero es mejor. Entre otras cosas, porque cuando comete un error, busca la solución rápidamente. En el ámbito público, demasiadas veces, la factura se traslada al contribuyente y a otra cosa.
A todo ello se suma una fiscalidad cada vez más exigente y una regulación que multiplica los costes de emprender, invertir y crecer. Europa lamenta su incapacidad para crear gigantes tecnológicos comparables a los estadounidenses o chinos, pero mantiene mercados de capitales fragmentados, barreras regulatorias y una creciente tentación de dirigir desde los despachos las decisiones empresariales.
Necesitamos más inversión privada, más empresas capaces de competir internacionalmente y más ciudadanos que participen de la creación de riqueza a través del ahorro y la propiedad accionarial.
No parece que la respuesta sea aumentar indefinidamente los impuestos, los organismos públicos y la capacidad de intervención política.
Francia representa hoy una advertencia para Europa. Un Estado que absorbe el 57% del PIB puede seguir ofreciendo servicios valiosos, pero no puede ignorar eternamente sus desequilibrios presupuestarios. Ni financiar con deuda, de manera indefinida, las promesas que no está dispuesto a pagar con ingresos presentes.
La Europa que necesita competir con Estados Unidos y China no puede conformarse con administrar la riqueza existente. Tiene que volver a crearla. La solución no es más Estado, es más mercado.
