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La crisis actual en Europa, iniciada en Francia, pero con visos de expandirse a varios países de la UE es una catarsis de identidad en toda regla. Es una cuestión filosófica, económica, política y, en última instancia, de supervivencia como potencia. Porque mientras Draghi y Letta nos explican cuánto dinero necesitamos para construir el futuro, basta mirar a nuestro país vecino para comprobar hasta qué punto seguimos ocupados en discutir cómo financiar el pasado.
La Comisión Europea maneja ya necesidades de inversión adicionales que rondan el billón de euros anual. Hablamos de Inteligencia Artificial, computación cuántica (qué poco se habla de esto), centros de datos, energía, robótica, Defensa, biotecnología y nuevas formas de movilidad. Se habla de coches voladores y hay más rechifla que otra cosa, pero hay dos cosas seguras: llegarán y antes, necesitarán capital. Muchísimo.
No hablamos de otra ronda de subvenciones ni emisiones de deuda con nombre rimbombante para sostener industrias maduras, sino de la posibilidad de participar en la siguiente gran transformación productiva o resignarnos a comprarles a estadounidenses y chinos las tecnologías con las que funcionará nuestra economía, ser su museo, parque temático y cocernos en nuestra melancolía. Eso, si no tenemos sustos de integración social, que ahí tenemos a Francia en llamas.
Sin embargo, podemos sacudirnos la pena de encima. Europa tiene ahorro, empresas, ingenieros, universidades y una formidable tradición industrial. No falta talento. Lo que no tiene es un sistema capaz de transformar todo ese plafón de valor en capital dispuesto a asumir riesgos.
Los mercados siguen fragmentados, las empresas encuentran dificultades para crecer y las grandes operaciones de financiación terminan con demasiada frecuencia mirando al otro lado del Atlántico. El dinero, la inversión, la creación de empresa y todo eso está demonizado por la clase política, que ha logrado que gran parte de la sociedad lo mire con desconfianza, creyendo que es el Estado quien debe suplir todo eso.
Draghi y Letta llevan tiempo explicando que no basta con tener dinero: hay que conseguir que trabaje, pero el capital no se moviliza por decreto. Necesita expectativas de rentabilidad, seguridad jurídica, mercados profundos y un entorno que permita ganar dinero cuando se acierta y perderlo cuando se fracasa. Necesita, en definitiva, una sociedad que entienda que el crecimiento no es una partida presupuestaria ni una promesa electoral, sino el resultado de millones de decisiones de inversión.
Mientras tanto, como decíamos, Francia está en llamas. Una de las grandes economías industriales del planeta, potencia nuclear, sede de multinacionales extraordinarias y con una capacidad tecnológica magnífica. Pero, a la vez, un país-ministerio, atrapado en una crisis fiscal y política que parece no tener fin. La deuda pública ronda el 120% del PIB, el gasto del Estado y las administraciones supera ampliamente la mitad de la producción nacional (dicho de otra manera, más de la mitad del país es público) y cualquier intento de modificar el reparto de recursos amenaza con desencadenar otra crisis parlamentaria o llenar las calles de manifestantes.
Es el país-ministerio, el Estado entendido no sólo como garante de derechos y proveedor de servicios, sino como gran organizador de la vida económica y distribuidor permanente de rentas. Al que se le exige sin más, sin la menor intención de cuestionar su sostenibilidad o financiación. Un estado de esos que se gasta el dinero y pide más. Siempre habrá.
Pero la realidad ya está aquí. Durante décadas ha acumulado compromisos que cada vez resultan más difícil financiar y cuando llega el momento de revisar alguno, aparece la barricada.
Sinceramente, estos comportamientos me recuerdan totalmente al de los niños pequeños. Qué difícil es hacerles comprender que tienen que hacer los deberes y estudiar al llegar a casa por la tarde. Ducharse, cenar verdura y algo a la plancha y de postre una fruta o un yogur. Y no merendar bollería industrial, ni estar jugando en el parque hasta las 21,00, porque si no, los deberes no estarán hechos para el día siguiente. Acostarse pronto, además, es necesario por su salud, porque están creciendo.
Es habitual que el niño se enfade, llore y se siente incomprendido. Todos hemos sido pequeños y creemos que nos fastidian, que los mayores no tienen que sufrir nada y, sobre todo, que “no es justo”, la eterna queja de los niños cuando les dices que se acabó el juego y tocan las obligaciones.
No entienden que para ellos es bueno una vida sana y ordenada, frente el desorden y el ocio desmedido. Como reza el dicho, si de ellos dependiera “se cenarían chuches” todos los días.
La sociedad tiende a replicar ese comportamiento, exigiendo, pero sin aceptar responsabilidades, ni contrapartidas. El problema es que los mercados de deuda no funcionan con esa lógica.
Francia puede aprobar los presupuestos que quiera, pero no puede decretar el interés al que los inversores aceptarán financiarla. Cuando una parte creciente de los ingresos públicos (y de la deuda) se destinan a atender obligaciones adquiridas, queda menos margen para las inversiones que permitirían generar riqueza mañana. Ésa es la trampa: necesitamos capital para el futuro, pero el gasto corriente se come recursos para sostener un modelo que apenas admite reformas.
Hay, además, otra fractura que convierte a Francia en algo más que un problema presupuestario. La cuestión identitaria. Inmigración, integración, laicidad, seguridad, desigualdad territorial y pertenencia nacional forman parte de un debate que ya no puede separarse de la economía. Una sociedad necesita cierto acuerdo sobre sus reglas comunes para invertir, trabajar, convivir y construir proyectos a largo plazo. Cuando ese acuerdo se debilita, cualquier reforma económica termina contaminada por conflictos mucho más profundos.
Y aquí planteo la incómoda, pero, sinceramente, creo que es la que interesa: ¿queremos entrar en el siglo XXI de verdad? Porque eso es mucho más que instalar centros de datos o comprar chips de última generación. Significa entrar en una nueva era, donde muchos conceptos del pasado se abandonan. Y esto no es algo malo, aunque los cambios suelen generar rechazo.
Significa hacer avanzar las conquistas políticas de la modernidad: la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley, los derechos individuales y la primacía de las instituciones civiles sobre cualquier autoridad religiosa.
Los fundamentalismos religiosos, incluido el islamismo político que aspira a someter la sociedad a una interpretación obligatoria de la religión, representan precisamente una negación de esos principios. Europa no puede pretender liderar la revolución tecnológica mientras vacila a la hora de defender las libertades que hicieron posible su propia modernidad.
Lo mismo valdría para la libertad de asociación o manifestación o la huelga. En el Siglo XX, había que defenderse de los férreos controles políticos. Hoy, no tiene un pase que cualquier colectivo (ocioso) para hacerse oír o reivindicar, corte calles, invada plazas, o, en definitiva, use la molestia colectiva como altavoz y elemento de presión. Eso es chantaje o coacción.
Existen las RRSS, las páginas web, los canales de youtube, el wasap… libres, gratis y universales, para comunicarse e implementar acciones. Todo el mundo tiene alcance a la reclamación legal o a la propuesta política. Algunos conceptos de la pasada centuria deberían revisarse, porque hoy están basados en la coacción y es inaceptable.
Hay una diferencia enorme entre proteger a los ciudadanos frente a los riesgos de la vida y prometerles que ninguna transformación alterará sus condiciones. Lo primero es una función esencial del Estado moderno. Lo segundo es una invitación a la parálisis. Las revoluciones industriales crean riqueza, pero también desplazan actividades, profesiones, empresas y equilibrios sociales. No existe una transición hacia el futuro que garantice la conservación absoluta del pasado. Si no, habría gente fabricando máquinas de escribir o tiros de caballos.
Ése es, en el fondo, el debate europeo. Por un lado, necesitamos capital para tecnologías que todavía no dominamos, infraestructuras que aún no hemos construido y empresas que quizá ni siquiera existen. Por otro, tenemos sistemas políticos cada vez más ocupados en repartir recursos escasos, financiar compromisos acumulados y gestionar fracturas sociales que consumen una parte formidable de nuestra energía colectiva.
Draghi y Letta nos hablan de escala, productividad, innovación, mercados de capitales y financiación privada. Francia nos recuerda las dificultades de reformar un Estado que ha prometido demasiado. Las barricadas, junto con las disputas identitarias, muestran hasta qué punto una sociedad puede consumir sus fuerzas discutiendo qué conservar y a quién pertenece lo que ya existe, en lugar de preguntarse qué puede crear.
La UE, cada país y la sociedad europea deben decidir a qué carta apuestan. Si a la del Siglo XXI; cuántico e inteligente, o a la del Estado dirigista, administrador y redistribuidor. En este tapete de juego, hay mucha gente empecinándose apostar por una mano que ya demostró ser claramente perdedora en el Siglo XX.
