La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) denunciará a la Comunidad de Madrid (CAM) por presunta prevaricación tras aprobar el Consejo de Gobierno el proyecto de ley que busca permitir, "extralimitándose a sus competencias", que los vehículos de transporte con conductor (VTC) continúen prestando servicio en la capital a partir de octubre.

En ese mes vence el plazo establecido por el conocido como Decreto Ábalos que marcaba una fecha límite para que las autonomías regulasen esta materia, ha recordado la FPTM en un comunicado.

El Gobierno regional ha remitido a la Asamblea la modificación de la ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Región, para crear una nueva autorización que permita a estos vehículos continuar prestando servicio.

Los taxistas madrileños entienden que esta nueva normativa chocaría frontalmente con la normativa estatal que otorga al Ejecutivo las competencias en gestión de autorizaciones VTC.

"Tenemos muchas dudas jurídicas sobre la forma en la que se van a habilitar este tipo de autorizaciones estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes, para que pasen a realizar transporte urbano", ha explicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "la Comunidad se salta la normativa estatal de nuevo y ofrece a las VTC una normativa hecha a su medida que da cabida al libertinaje en el transporte de viajeros, al tiempo que precariza y menosprecia al sector del taxi".

Entiende, además, que la nueva ley no solo no tiene en cuenta al sector, sino que también ignora la doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del taxi como servicio público esencial.

"El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa avanzando en su camino firme de condenar al sector del taxi y acciones como esta, en las que, como mínimo, roza la prevaricación y emite una nueva ley no consensuada ni informada al sector del taxi, confirman las denuncias reiteradas de abandono que desde el taxi de Madrid venimos haciendo", ha apuntado Sanz.

Por último, desde la FPTM han insistido en que tomarán todas las medidas jurídicas a su disposición para evitar este atropello jurídico y evitar, en última instancia, "que se siga eximiendo de cumplir la ley a los que la incumplen de manera sistemática".