La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha incidido en la apuesta de España por la descarbonización del transporte por carretera, un proceso que prevé acelerar gracias a la financiación procedente de los fondos europeos.

Así lo ha manifestado durante su participación este lunes en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebra en París, bajo la presidencia francesa de la Unión Europea, y cuyo anfitrión ha sido el ministro delegado de Transporte de Francia, Jean-Baptiste Djebbari.

Sánchez, durante un primer debate que ha girado en torno al despliegue de estaciones de carga eléctrica y la implantación gradual del hidrógeno en el sector del transporte, ha destacado que es clave contar con una financiación adecuada, reforzar la confianza de los usuarios y considerar las especificidades de cada medio de transporte.

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La ministra ha puesto en valor los 6.700 millones de euros de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno destinará a la movilidad segura, sostenible y conectada, con medidas para impulsar el despliegue de la infraestructura de recarga y el fomento del uso de vehículo eléctrico.

La titular de Transportes ha subrayado que es "fundamental" ofrecer a los usuarios un conjunto de herramientas sencillas, ágiles e interoperables con las que conocer la localización de los puntos de recarga y su disponibilidad, efectuar la reserva temporal para la recarga o realizar el pago con medios habituales.

Respecto al vehículo privado, cree que los ámbitos de actuación pasan por el despliegue de la infraestructura de recarga, así como por el apoyo a los distribuidores de energía para que la red eléctrica esté bien dimensionada, mientras que para el transporte público urbano y metropolitano considera clave la renovación del parque de vehículos, ayudas para la renovación de flotas, las infraestructuras de recarga eléctrica y el repostaje de hidrógeno ubicadas en sus instalaciones.

En cuanto a los vehículos pesados, cree necesario dotar de cierta flexibilidad las obligaciones en materia de infraestructura de suministro, para que no supongan un coste inasumible por parte del sector privado.