El Congreso aprobará y enviará al Senado esta semana la nueva Ley de Telecomunicaciones, que antes de Semana Santa finalizó su debate en ponencia y ya tiene fechas para sus votaciones finales antes de llegar a la Cámara Alta.
Así, la ley será sometida a votación en comisión el próximo martes 26 de abril, junto con las enmiendas que han quedado 'vivas', y dos días después se elevará al Pleno para su aprobación definitiva.
El proyecto llega a la comisión tras haber incluido en ponencia enmiendas de todas las formaciones, principalmente de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC y Cs, aunque también de PDeCAT, Junts, PNV, BNG y Compromís.
Unas aportaciones con las que los grupos del Gobierno esperan conseguir el respaldo suficiente para aprobar la norma pero que, en cambio, son insuficientes a ojos de socios del Gobierno, como Esquerra Republicana.
ERC PONE PEGAS
Desde esta formación siguen viendo la norma "recentralizadora", poco innovadora y garantista con el consumidor. "Ni siquiera aceptan la limitación de llamadas no deseadas", lamentan a Europa Press desde esta formación.
En el PDeCAT confirman contactos para incluir nuevos cambios en la comisión que les permitan apoyar la norma, mientras que en Cs dan por descartado el voto en contra. La formación 'naranja' destaca las numerosas propuestas aceptadas por el Gobierno, como hacer obligatorio y no opcional el punto único de gestión y la realización de un estudio comparativo por la CNMC sobre la calidad de la conexión en zonas rurales y poco pobladas.
Asimismo, señalan la inclusión de una enmienda para habilitar la reconversión de las inhabilitadas cabinas telefónicas en nuevos puntos de conexión a Internet, teléfonos de emergencia o puntos de envío y recogida de paquetería.
LAS ADMINISTRACIONES PODRÁN OPERAR SIN INTERMEDIARIOS
Entre otras novedades, la nueva Ley de Telecomunicaciones habilitará a las administraciones públicas a prestar servicios de telecomunicaciones directamente, así como instalar, desplegar y explotar redes, sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.
A propuesta de ERC y PDeCAT, la reforma acabará con la limitación de las administraciones públicas, que únicamente podían prestar estos servicios e intervenir en las redes a través de entidades o sociedades dedicadas a ello.
PRECIO FINAL Y CONDICIONES DE RESOLUCIÓN EN EL CONTRATO
Ambas formaciones también han incluido otra modificación para asegurar en la ley que las administraciones competentes, también autonómicas, puedan exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad.
Asimismo, ERC ha incluido una modificación relativa a las condiciones de contrato, que deberá proporcionar información sobre el precio total, impuestos y tasas incluidas, y también las condiciones y mecanismos para la resolución del contrato, así como los posibles costes o penalizaciones asociados.
Otras aportaciones de ERC son el reconocimiento legal del derecho del consumidor a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional o un informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la imposición de condiciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos al autorizar concesiones para el uso del dominio público radioeléctrico.
SE REBAJAN A LA MITAD EL PLAZO PARA SOLICITUDES DE OCUPACIÓN
Por otro lado, a propuesta de Ciudadanos, se reducen de cuatro a dos meses los plazos de resolución de solicitudes de ocupación, se ajusta la capacidad de la Administración para facilitar algoritmos ante amenazas para la seguridad, y se hace responsable a la misma de cualquier filtración de algoritmo o dato confidencial que se encuentre bajo su custodia.
Asimismo, se habilita la posibilidad de contratar físicamente en tienda o a través de un número gratuito el abono social contemplado en la nueva ley para el acceso a Internet de banda ancha o servicios telefónicos.
Por parte de Unidas Podemos, el proyecto incorpora una modificación de la Ley Orgánica del poder Judicial para dar competencia al Tribunal Supremo a la resolución de los acuerdos de intervención o explotación de redes y que la citada resolución de concesión o denegación agote la vía administrativa y sea recurrible a partir de ahí por la vía judicial.
INSTALACIONES OBLIGATORIAS SI NO HAY ALTERNATIVA VIABLE
Por otro lado, algunas de las propuestas del PP aceptadas pasan por dar al Gobierno tres meses para regular por decreto los datos e información necesarias para el suministro de redes y provisión de servicios, la obligatoriedad de medidas de accesibilidad, y nuevos plazos para la entrada en vigor de las disposiciones sobre contratos y derecho a la información de los mismos.
Asimismo, también se permite con una enmienda a obligar a los propietarios de edificios a dejar instalar red en su propiedad si no existe una alternativa viable.
Finalmente, a propuesta de Junts el proyecto ha incorporado la obligación de incluir en los estudios geográficos previsiones de alcance y extensión de banda ancha.
