La justicia boliviana allanó el viernes las oficinas de la filial Andina en su sede de Santa Cruz, en el sudeste boliviano, con el apoyo de unos 50 policías.El Estado boliviano acusó a un ex gerente de Andina y a dos directores de Petrobras-Bolivia de haber firmado contratos lesivos, de conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza por haber fijado un precio de exportación del gas inferior a los precios del mercado internacional.