Los fiscales de EEUU están considerando acusar con cargos de homicidio a los administradores de la petrolera. El principal motivo son las decisiones tomadas antes de la explosión en la planta de perforación en el Golfo de México que causó la muerte a once trabajadores.

El 20 de abril del año pasado se produjo el mayor vertido de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano dijo en junio que abriría investigaciones penales y civiles. En diciembre se presentó una demanda civil contra BP pero, hasta la fecha, no se han presentado cargos criminales.

En la actualidad, se están investigando las declaraciones realizadas por los líderes de las empresas culpables del vertido, entre ellos el ex director ejecutivo de BP, Tony Hayward. Éstas se realizaron en el Congreso el año pasado y la causa de la investigación es determinar si hay contradicción entre lo que testificaron y lo que realmente sabían, según la información procedente de Bloomberg.

Jane Barrett, profesor de derecho en la Universidad de Maryland, ha afirmado que “si hubiera penas individuales sería muy importante en lo que respecta a la seguridad del medio ambiente, ya que significarían un gran cambio en este ámbito”.

“Lo normal es no procesar a los empleados de las grandes corporativas” ha explicado Barret, quien pasó 20 años persiguiendo delitos ambientales a nivel federal y estatal. Los fiscales buscan cargos de homicidio involuntario u homicidio marino, lo que conlleva una pena de hasta 10 años.

BP se ha comprometido a pagar una indemnización de 20 billones de dólares a las empresas y las personas afectadas por el vertido. La compañía británica ya ha destinado más de 4 billones de dólares en pagar a los afectados, a los gobiernos estatal, federal y local y en limpiar la zona.

Las acciones de BP han caído un 2,80% y se sitúan en los 44,75 dólares por acción.