El rescate solicitado el pasado sábado por el Gobierno es la consecuencia de la explosión de la burbuja hipotecaria-financiera que permitió la enorme burbuja inmobiliaria y ha traído a España la crisis económica más grave en la historia contemporánea.

Los ciudadanos y consumidores piden explicaciones completas y responsabilidades a los causantes de lo que se confirma como el mayor fraude a la economía y a la sociedad perpetrado por la banca y un poder político tolerante durante muchos años con sus abusos. No cabe duda de que la banca es la causa de la crisis económica y financiera española, y el rescate hace patente quién debe pagarla, así como los cambios que deben hacerse para salvar a la ciudadanía y los consumidores, que han sido las principales víctimas del fraude y están injustamente pagando sus consecuencias.
Conviene recordar además que los usuarios ya están atrapados en muchas entidades en un corralito de participaciones preferentes que ha servido para capitalizar la banca, que aún necesita más liquidez y aparte los números son muy claros: 30.000 millones de euros están en la banca por este producto, por no hablar de las salidas a bolsa de por ejemplo Bankia, Caixabank, Banca Cívica, donde se ha convertido en accionistas a clientes que no lo querían ser y cuya comercialización fue irregular y fraudulenta.

No vamos a consentir más mentiras y marketing. Se debe recuperar la confianza con la participación de todos los usuarios a los que el señor De Guindos en sus decretos de saneamiento del sistema financiero ha ninguneado, teniendo en cuenta sólo a las entidades financieras y sus responsables. El crédito no se va a recuperar ya que estas ayudas sólo quieren tapar agujeros de la banca, pero no dan solución al problema del endeudamiento ni del acceso a una financiación pública en condiciones razonables y accesibles.

Los planes impuestos por la UE y el FMI en el actual rescate tienen el peligro de que se haga cambiar la operativa bancaria, el flujo del crédito y las repercusiones en la economía en general a peor, hacia un sistema aún más bancarizado y monopolista.

Ni la legislación española ni los organismos reguladores valoran la posición de los usuarios como se hace en otros países de nuestro entorno, donde existe una banca más saneada y con un funcionamiento menos abusivo. Esto tiene que cambiar y también exige un rescate. ADICAE ya ha lanzado todos tipo de propuestas antes y durante la crisis sobre los organismos reguladores (Banco de España y CNMV) que deben contar con participación de los propios consumidores para que sus derechos sean tenidos en cuenta. El simple apoyo de dinero que le van a inyectar a la banca sin que haya cambios sustanciales que tengan en cuenta los derechos de los consumidores puede degenerar en nuevas crisis como ésta y en un sistema financiero más monopolista y avaricioso, que los ciudadanos no aceptan ni deben aceptar.