Ya el pasado año, las carteras de capital relacionadas a compañías con tecnología para revertir el reto del clima superaron los 36.000 millones de dólares. Una tendencia que espoleará aún más el ciclo de negocios post-Covid.

La conciencia verde no sólo ha arraigado en las sociedades civiles en el último lustro, sino que, en paralelo, también se ha hecho un hueco en los mercados. La sostenibilidad ha dejado de ser un elemento que ahuyenta las inversiones. Los movimientos de venture capital están teniendo un papel cada vez más relevante en la consolidación de las agendas políticas y empresariales de proyectos de neutralidad energética, la punta del iceberg de los objetivos de combate contra el cambio climático que se han encaramado al elenco de máxima prioridad de las estrategias del ciclo de negocios que nacerá tras la superación de la crisis del coronavirus. Una trayectoria que se concibe de largo recorrido, como apuntaba Mateo Jaramillo, cofundador de Form Energy, en el semanario británico The Economist hace unas fechas. “La combinación de un giro prolongado de los patrones de crecimiento hacia la sostenibilidad y del desarrollo de tecnologías enfocadas a este desafío y todavía por perfilar ha generado cierta tensión inversora ante el deseo de poder percibir retornos de beneficios a medio plazo, entre cinco y siete años”.

Pero en Form Energy se lo toman con más calma. “Hemos inculcado una táctica más paciente para lograr dividendos”, explica Jaramillo, que resalta uno de sus instrumentos motrices en el mercado, su Breakthrough Energy Ventures (BEV), un fondo lanzado por Bill Gates y respaldado financieramente por otros milmillonarios. Aunque no el único. También menciona Eni Next, el brazo inversor de la empresa petrolífera italiana VC o The Engine, creado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Todos ellos reflejan la involucración de fondos de inversión en distintos ecosistemas verdes, una tendencia que ha emergido en los mercados después de años de relativa hibernación. La acción desde el universo de las startups también se aprecia con nitidez. Un elenco de ellas, vinculadas al sector tecnológico, han puesto recursos en la superación de alguno de los cuellos de botella que asfixian la transición energética. Por ejemplo, a la hora de dar solvencia a la aún intermitente capacidad productiva de compañías solares y eólicas, con picos de excedencia y baches de falta de poder de almacenamiento por episodios de ausencia de luz solar o de escasa intensidad del viento. Con colocaciones de capital hacia planes tecnológicos que aproximen a la realidad una segunda generación de baterías con menor huella de carbono y de mayor perdurabilidad de sus sistemas de energía. 

 

 

El pasado ejercicio, los flujos de capital relacionados a la tecnología climática registraron cotas históricas. Más de 36.000 millones de dólares, casi el doble de los 17.000 millones de 2015, como asegura Cleantech Group, una consultora de investigación. La mitad de estos recursos surgieron entre startups de América del Norte. A pesar de la hostilidad de la Administración Trump hacia los negocios sostenibles. China acaparó entre el 15% y el 30% de esas inversiones, mientras que desde la UE se movilizó otro 15% de esa cantidad. En el ejercicio en el que la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen lanzó la estrategia de sostenibilidad de la UE para el septenio 2021-27, con 750.000 millones de euros destinados a convertir la neutralidad energética en el “motor de la recuperación” y en el vector esencial de un cambio de patrón de crecimiento en Europa hacia los proyectos medioambientales y la digitalización. El impulso inversor hacia una innovación que sea climáticamente respetuosa y que involucre a la práctica totalidad de segmentos productivos ha llegado a los mercados para quedarse. Como augura Gates: “la descarbonización se instalará en toda la economía industrial”.

La propia Agencia Internacional de la Energía (IAE, según sus siglas en inglés) acaba de esbozar un mapa de cómo será, a juicio de sus expertos, esta transición. La tercera parte de la reducción de emisiones de CO2 que se requieren para alcanzar los objetivos climáticos hasta 2070 vendrán de tecnologías maduras como la hidroeléctrica. Y un 41% de innovaciones relativamente nuevas que, en la actualidad, suponen menos del 1% de los recursos del mercado, como la energía que procede de las mareas y la eólica marítima. Los prototipos de energías limpias en el transporte naval y aéreo acapararán el 17% del mix energético global. El informe de la IAE concluye que el cambio de paradigma en ciernes “representa una enorme oportunidad inversora a largo plazo”. Otro estudio, de PwC, recuerda que la cruzada tecnológica en el terreno de la sostenibilidad ya ha comenzado.

Entre 2013 y 2019, uno de cada diez acuerdos de fusión empresarial involucró a firmas punteras en software y seis de cada diez a startups de todo el mundo que integraban en sus negocios algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) con hardware diseñado a proyectos verdes. En un clima inversor que ha creado una substancial caída de precios. De entre el 82% y el 89% entre 2010 y 2019. Fenómeno que ha dado alas a empresas auxiliares de bienes y servicios con sello de sostenibilidad y enseñas de altamente innovadores. Los avances en software inteligente han logrado abaratar el hardware hasta límites inimaginables hace un decenio, atestigua Varun Sivaram, de la Universidad de Columbia. Las startups “han lanzado sus innovadores programas de algoritmos para agregar mayor capacidad de distribución energética en el ámbito de paneles solares o de las baterías, por ejemplo”, lo que ha dado lugar a “una mayor capacidad de creación y suministro eléctrico” en una de las fuentes renovables más aceptadas industrial y socialmente, asegura. 

También desde la óptica institucional se han dado pasos en la dirección correcta. Pese a que no hayan sido sostenidos en el tiempo. En 2015, veinticuatro países -entre ellos, EEUU, Alemania o China-, y el conjunto de la UE, se comprometieron a duplicar sus recursos en I+D+i en cinco años. Casi ninguno ha certificado estos desembolsos de recursos. Pero la situación está revertiendo. En 2019, los fondos en innovación de energías verdes en todo el mundo aumentaron por tercer ejercicio consecutivo, hasta los 25.400 millones de dólares, según la IEA.

Los gobiernos, pues, se están moviendo para reducir la brecha tecnológica y acelerar así la transición energética. Al igual que el sector privado. La colaboración institucional, corporativa e inversora empieza a calar en las estrategias de las firmas de capital riesgo. Una lluvia fina, pero persistente, se ha instalado ya en los mercados. Y ha involucrado al sector financiero. Los bancos conceden más préstamos a las iniciativas medioambientales y se ha reducido la aversión al riesgo entre los inversores, dice Emily Reichert, de Greentown Labs, una incubadora empresarial. Entre otras razones, porque el sector privado también parece haber asumido que las nuevas tecnologías no sólo les ayudarán a corregir sus huellas de carbono, sino a reducir sus costes energéticos. Cleantech afirma que la gran empresa, las multinacionales, han protagonizado casi la tercera parte de los acuerdos de fusiones y adquisiciones con altos contenidos de neutralidad energética. Frente al 16% del año 2010. Una toma de conciencia que asume la necesidad de reconversión de sectores industriales casi al completo para certificar la descarbonización de las economías.   

Un cambio de paradigma con obstáculos pedregosos

Los avances tecnológicos, las hojas de ruta institucionales y la concienciación verde de empresas y sociedades civiles han puesto en órbita unos objetivos ineludibles para evitar el calentamiento global del planeta. Pero este road map también suscita dudas. Como las que plantean un grupo de expertos en un diagnóstico, Climate Change and Emerging Market after Covid-19 de Pictet AM y la Oxford Smith School of Enterprise and the Environment y que incide, como dice Laurent Ramsey, socio director del Grupo Pictet y CEO de Pictet AM, en la necesidad de “adaptación y resolución que requerirán los efectos del cambio climático en ingenio humano, adelantos en el terreno de las nuevas tecnologías y la aplicación de la adecuada experiencia y formación” y en el esfuerzo de los inversores por “comprender mejor sus riesgos”.

Cameron Hepburn, profesor de Economía Medioambiental y director de la Oxford Smith School, incide en que “estabilizar la temperatura del planeta respecto al nivel preindustrial requiere emisiones netas cero de CO2, pero que la clave es si la economía mundial superará este cambio de paradigma de una manera lo suficientemente rápida”, un desafío que “depende sobre todo de los mercados emergentes”. Además de solventar la todavía enorme influencia de los combustibles fósiles, que añadiría hasta 2 grados centígrados a la temperatura del planeta en los próximos 20 años”. Pero su utilización resulta altamente dependiente en ciertas latitudes emergentes y en vías de desarrollo, motivo por el que “tendría sentido añadir más infraestructura de carbono durante un cierto periodo”.

 

 

Especialmente, si se tiene en cuenta su pérdida de PIB per cápita. Del 60% en India hasta 2100 o de entre el 42% y el 45% en Brasil. Ocasionadas por sus actuales patrones de crecimiento y las estructuras de sus economías, muy enfocadas a la producción manufacturera y agrícola. Además de ser dos naciones sobre las que las sequías persistentes del cambio climático amenazan con declarar vastos territorios bajo su soberanía como áridos, con el consiguiente perjuicio sobre las cosechas y su producción hidroeléctrica, que supone el 60% del mix eléctrico brasileño. Un reto al que también se enfrentan México, Indonesia o Sudáfrica.

Aun así, “y afortunadamente moverse con celeridad en la agenda de sostenibilidad favorece los intereses de los grandes mercados emergentes”, atisba Hepburn. No sólo por la percepción cada vez más ecologista de sus ciudadanías. De acometerse con velocidad de crucero, el descenso de su PIB per cápita podría quedarse en un 22%. La ambición de sus estrategias también debe tener presente los 17 billones de dólares en activos relacionados con el negocio de los combustibles fósiles que también entran en este juego táctico y que señalan a Arabia Saudí, los emiratos del Golfo Pérsico o Rusia. Componente que requerirá unos cálculos presupuestarios previsibles y de largo alcance para reestructurar ingresos y ventas de crudo. Incluso para el Gobierno de Riad y su Agenda 2030, que pretende disminuir paulatinamente la elevada dependencia del petróleo del primer productor global por cuota de mercado. Con apuestas decididas por las renovables y en especial por el hidrógeno limpio -donde se han movilizado más de 5.000 millones de dólares en inversiones- la solar o la eólica.

“Hay, pues, muchos elementos capaces de reducir emisiones, pero todos pasan por las tecnologías de captura de carbono, donde existe un apoyo del capital privado con creciente músculo inversor”, resalta Herburn, quien recuerda que el CO2, una vez capturado, “se pueden emplear en otras industrias”. De hecho, “la oportunidad de inversión en activos de energías limpias es de 22 billones de dólares hasta 2030”. Con un panorama laboral que invita al optimismo, ya que los trabajos verdes, en términos absolutos y globales, precisan más horas de trabajo por kilovatio hora en las industrias de energías limpias que en las fósiles.

A su juicio, es un buen momento para instaurar pautas ecológicas en las economías. “Gran parte de los generosos programas de estímulo fiscal y monetario se han focalizado en inversiones en tecnología y cambio climático”. Unos recursos que, además, se han canalizado como catapulta de los despegues de los distintos ciclos de negocios post-Covid. No es casualidad que Europa se haya decantado por ser el primer continente verde en 2050. Ni que China haya reeditado su plan para alcanzar las emisiones netas cero de CO2 para diez años más tarde, con un alza productiva diez veces superior de energía solar, siete de la eólica y siete de la nuclear. Cuando ha alcanzado una posición dominante en energías renovables, al añadir 451 GW de renovables entre 2009 y 2019 -frente a los 260 GW de Europa y los 151 GW de EEUU- con la consiguiente reducción de costes. La revisión de la política climática de Pekín resulta esencial, porque el segundo país más contaminante del planeta está en condiciones de rebajar entre 0,2 y 0,3 grados el calentamiento global en el ecuador del siglo. A la espera de la que futura Administración Biden perfile el Green New Deal impulsado desde su formación que, según observadores políticos, podría garantizarse 2 billones de dólares en inversiones verdes, una estrategia de neutralidad energética en 2050 y el retorno a los Acuerdos de París. Y que se sume a las perspectivas europeas de un Pacto Verde que se destinarán preferentemente a rehabilitación de edificios, eficiencia energética y apuesta por la movilidad eléctrica. Así como a la británica, que acaba de poner coto a las ventas de coches de combustibles fósiles a partir de 2030.

Las agendas oficiales ya tienen adeptos en el sector privado. Algunas empresas, con proyectos de inversión en curso y una transformación de sus planes estratégicos en toda regla. Repsol o Iberdrola comandan las iniciativas españolas. A la que se han sumado declaraciones de políticas no contaminantes de grandes cotizadas como BP o Shell y multinacionales industriales como AcelorMittal. El alto directivo de Oxford Smith School asegura que el 74% del PIB y el 73% del consumo global están bajo revisión; es decir, sometidos a las metas de neutralidad energética, a lograr emisiones netas cero de CO2 en 2050. “Estamos ante una transición billonaria, en la que gran parte de las inversiones tienen que hacerse en mercados y activos empresariales emergentes”.

Hay obstáculos -explica- que pueden “superarse mediante políticas, a través de fórmulas para que el sector público asuma las primeras pérdidas, creación de entidades públicas gestionadas privadamente, uso de recursos estatales o supranacionales para cobertura en países de divisas más débiles e instrumentos financieros que cubran los riesgos asociados a los cambios en los patrones de crecimiento de cada país”. En economías con ausencia de emisiones de CO2 van a surgir flujos energéticos que podrían emular al negocio de Internet, con bajos márgenes y donde salen beneficiadas las plataformas, los modelos de suscripción y las empresas que aprovechan las limitaciones de oferta, como en electrificación. En su opinión y, en cualquier caso, como en todos los mercados y sectores, “habrá ganadores y perdedores”, tanto en vehículos eléctricos o en los parqués de comercialización de carbono o en la industria de hidrógeno limpio, entre otros.

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La sustitución del actual parque de vehículos con motores de combustión fósil por automóviles eléctricos que, en ciertas naciones, no sólo es una solución factible y sostenible, sino que lograría que el 90% del tráfico rodado mundial deje de emitir gases contaminantes en 2030. El transporte por carretera -pero también el marítimo y el aéreo- son tres de los segmentos de actividad que más responsabilidad tiene en esta emergencia planetaria, enfatizan desde Naciones Unidas. En línea con las prerrogativas que marca Johan Rockström, director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático. “Es una carrera contrarreloj en la que tanto las empresas como sectores industriales al completo tendrán que acometer transiciones significativas en los próximos diez años”, porque “mientras la asunción de este nuevo paradigma productivo es de especial urgencia, la velocidad con la que se acomete dista mucho de ser la recomendable”.

En línea con la tesis argumental de Owen Gaffney, uno de los autores de Exponential Roadmap, en cuyo texto identifica 36 iniciativas estratégicas para reducir la polución, además de las energías limpias y la automoción eléctrica. Entre otras, el rediseño de ciudades o del transporte marítimo. A su juicio, los gobiernos deben cooperar en esta cruzada y activar políticas idóneas de impulso a la innovación con inmediatez y en la dirección correcta. Gaffney dirige el Stockholm Resilience Centre y apela claramente a la involucración de plataformas digitales como Google, Amazon o Facebook; en concreto, para que abandonen su exclusivo tacticismo consumista y adopten unos claros objetivos de contenido social. Como, por ejemplo, dejando de promocionar actividades mercantiles de altas emisiones de carbono. Pero el pastel de beneficios es más que substancial. Desde Boston Consulting Group se estima que los negocios verdes ascenderán hasta los 26 billones de dólares en 2030, cifra similar a la que la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, en sus siglas en inglés) augura como incremento del PIB global, si se acometiera convenientemente esta transición energética para esta misma fecha. El montante no es baladí. Es la suma del PIB de EEUU y Japón, primera y tercera economías globales.

Mercados que se abren hueco en el negocio climático

La búsqueda de vías de financiación de la sostenibilidad está descubriendo nuevos canales para hacer negocios. Hace unas semanas, el BCE aceptó deuda empresarial vinculada a proyectos de cariz medioambiental en sus programas de compra de activos, con efecto a partir de enero de 2021. Un mercado de nueva gestación que se expande con inusitada rapidez en empresas como Suzano, Novartis y Chanel y en un momento en que se han registrado emisiones de crédito con vitola de históricas bajo los criterios ESG. Sólo el pasado mes de septiembre, se han duplicado las carteras con principios ecológicos, sociales y de buena gobernanza, en relación al pasado mes de abril. Hasta superar los 96.000 millones de euros. Philipp Buff, gestor de crédito y Stéphane Rüegg, especialista en crédito de Pictet AM, defienden la iniciativa del banco emisor europeo de amparar la deuda empresarial vinculada a objetivos cuantificables de sostenibilidad. “Se trata de un mecanismo mucho más flexible e implica penalizaciones si no se cumplen objetivos”. Hace años -dicen Buff y Rügge- que la inversión en acciones ha adoptado los principios ambientales, sociales y de gobernanza, y la renta fija, tras varios intentos, “se está poniendo rápidamente al día”. Recientemente, Enel, por ejemplo, “se ha comprometido a emitir únicamente bonos ESG y Daimler AG ha inaugurado sus inversiones en bonos verdes, con notable demanda, mientras la firma de automoción Volvo emitía el primero de alta rentabilidad de la industria automotriz. La eléctrica italiana, dueña de Endesa, “está jugando un papel esencial con su deuda empresarial ligada a la sostenibilidad, que se está expandiendo rápidamente”. Fue la primera compañía en emitir este tipo de deuda en 2019. 

Le han seguido la brasileña de pulpa y Suzano papel, Novartis, la primera farmacéutica de Suiza y Chanel, una empresa de lujo francesa. El paso dado por el BCE “es muy significativo, porque había excluido anteriormente las estructuras de aumento de cupones, como las desencadenadas por una rebaja de calificación crediticia”. De manera que el precio de la mayoría de estas emisiones en 2020 ha llegado a niveles mayores que los de bonos similares del mercado secundario, lo que muestra “el fuerte apetito entre inversores por este tipo de deuda”, mucha de la cual cotiza con "prima negativa" frente a los bonos estándar. Si bien -alertan- “los inversores deben tener cuidado y no pagar en exceso, es indicativo del papel que puede desempeñar la alineación de las prioridades con criterios ESG, que han superado el billón de dólares, el apoyo al progreso en sostenibilidad y la búsqueda de una atractiva rentabilidad”.

Para estos gestores, “la llegada de la deuda empresarial vinculada a sostenibilidad supone una nueva forma de involucrar a las empresas, por ofrecer la posibilidad de convertirse en estándar ESG en renta fija y, con el tiempo, abarcar instrumentos tradicionales de crédito”. Sin embargo, se afanan en diferenciar dos conceptos: este tipo de deuda y los bonos verdes. Estos últimos se emiten con el compromiso de que serán empleados en proyectos respetuosos con el medio ambiente, mientras que las empresas que emiten deuda vinculada a sostenibilidad lo hacen con el cumplimiento de objetivos específicos en un plazo predeterminado. Circunstancia que otorga a sus emisores gran flexibilidad, independientemente del tamaño, calificación crediticia, sector o región; y, a los inversores, la oportunidad de elegir emisores con prioridades de sostenibilidad alineadas con sus propósitos de inversión. Es decir, que superan el escepticismo de carteras de capital con los bonos verdes, hacia los que “critican lo difícil que supone cuantificar y medir si lo recaudado se canaliza finalmente en proyectos ambientales”.

Una práctica conocida como eco-blanqueo. O, dicho de otro modo, el uso del capital para fines distintos a los previstos, entre los que se incluyen políticas de refinanciación de deuda existente. Como en el caso de la compañía Teekay Shuttle Tankers, propietaria de una de las mayores flotas de petroleros del mundo, que se propuso captar 150 millones de dólares mediante la emisión de un bono verde para construir cuatro nuevos buques de bajo consumo de combustible. No alcanzó su objetivo, en parte debido a las dudas de los inversores sobre su finalidad ecologista -explican Buff y Rüegg- en un petrolero por muy bajo consumo de combustible fósil que utilice. El mecanismo implantado por el BCE da al inversor fórmulas de vigilancia. Entre otras, las penalizaciones, entre las que figuran mayores cupones o pagos adicionales a vencimiento, en supuestos de incumplimiento de los objetivos declarados. Aunque siempre se puede mejorar: “En la actualidad, un incremento del cupón del 0,25% es la penalización más usual, pero resulta escasa en comparación con el bono inicial, por lo que debería ser similar a las rebajas de calificación crediticia, de un 1,25 % aproximadamente, pues el objetivo de sostenibilidad debe ser tan importante como el de la nota de rating. 

Estos expertos mencionan otras dos ventajas de este nuevo instrumento. Por un lado, la amplia gama de objetivos vinculados a sostenibilidad facilita que esta herramienta gane popularidad en todas las industrias, a diferencia de los bonos verdes, circunscritos hasta ahora, en gran medida, a empresas de servicios públicos. Y, en segundo término, por su potencial creciente, dado que ha obtenido el resguardo del BCE, lo que le añade garantías plenas. “Su dinamismo puede ser incluso más rápido si las empresas emisoras alinean sus objetivos con los de la taxonomía verde de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas”. En ámbitos como la Sanidad, el consumo responsable o las redes de suministro de agua.

La imperiosa necesidad de recortar las emisiones globales se topa con uno de los grandes fiascos de las estrategias limpias, el fracaso en el desarrollo del mercado de carbono. La Cumbre del Clima (COP25) de Madrid certificó el desencuentro que asola en el orden internacional. La cita de la capital de España, en diciembre de 2019, en la antesala de la crisis del Covid-19, no sólo no logró hacer fructificar los intentos de aplicar mayor rigor y poder sancionador a los mecanismos de financiación, sino que tampoco logró recoger en sus conclusiones los objetivos climáticos más ambiciosos ni los instrumentos de evaluación y de control más precisos de daños y pérdidas. La regulación del artículo 6 de los Acuerdos de París -es decir, el precepto que impulsa el mercado de intercambio de unidades o derechos de emisión de CO2 entre países y empresas- encalló sin remedio. Por las reticencias de potencias como EEUU, Rusia, China, Brasil o India, el repóker más contaminante del planeta. Un nuevo encuentro sin consenso. El 25, porque Madrid albergó la vigésimo quinta reunión desde 1995, año en el que se puso en marcha estos foros multilaterales de transición, que tenían en su origen por misión avanzar en el Protocolo de Kyoto, tanto en las metas políticas como en las técnicas. Una nueva ocasión perdida para obtener el plácet oficial de la comunidad internacional. Y en un asunto trascendental. Porque la obstrucción del artículo 6 es, si cabe, más grave, por ser la única parte del texto del tratado parisino que involucra al sector privado.

 

 

Este mercado, que data de 1997 y que debía haber asumido los nuevos objetivos de París este ejercicio, transfiere los ahorros y los excesos de CO2. Por ejemplo, un plan de reforestación de un bosque que actúa como sumidero, contribuye a que no se emita una cantidad concreta de CO2. Ese déficit contaminante se certifica y se cuantifica en toneladas de dióxido de carbono. Un país -o empresa, si el proyecto es privado- puede adquirir unidades para cumplir de este modo con sus compromisos de recorte de gases. La falta de consenso en Madrid dejó traslucir la cruda realidad de esta confrontación. Entre naciones partidarias de mantener el status quo actual, de Kyoto, lideradas por Brasil -uno de los estandartes del negacionismo climático a raíz de la llegada de Jair Bolsonaro al poder-, y quienes desean extender metas más ambiciosas para alcanzar la neutralidad energética. París exige más recortes de emisiones. En la actualidad, hay algo más de 4.000 millones de unidades sobrantes según la metodología de Kyoto, cuantía que equivale a la misma cantidad de toneladas de CO2. Y Brasil es una de las naciones que más ha acumulado hasta la fecha. El valor global de los mercados de dióxido de carbono alcanzó ya en 2018 la cifra récord de 164.000 millones de dólares, según Refinitiv, firma global de datos para los mercados financieros.

Un mercado que reclama mejoras

El problema con este mecanismo mercantilista de unidades de CO2 no sólo se aprecia en el nulo acercamiento a la petición de algunos think-tanks que pedían que las empresas y naciones que acuden masivamente a este mercado perdieran, en vez de ceder, sus derechos. Sino que puede interrumpir la positiva tendencia de avances en las emisiones de polución que han emprendido no pocas autoridades gubernamentales en 2018. En concreto, 46 de ámbito nacional y otras 26 municipales que, en conjunto, representan el 60% del PIB global y que son responsables del 20% de los gases de efecto invernadero. Un 13% más que en 2016. Principalmente, por el empleo de los Emission Trading Scheme (ETS). El régimen de comercio de derechos de emisión ha sido una práctica habitual en China, tras su incorporación al ordenamiento jurídico del país en diciembre de 2017. En un contexto en el que los precios del carbón siguen siendo bajos y no contribuyen precisamente a reducir su producción o su uso. Lejos del rango, fijado entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2, que estipula la ONU para lograr reducir en 1,5 grados centígrados el alza de la temperatura global en 2050. En 2018, más del 75% de las emisiones legales de carbón han cotizado por debajo de los 10 dólares por tonelada de CO2. Una industria que sigue generando ingresos de más de 32.000 millones de dólares (datos de 2017) y de la que la UE, por ejemplo, recibió el 67% de los ingresos fiscales de este combustible fósil, que recibe subvenciones en todo el mundo por un valor superior a los 260.000 millones.

El mercado de CO2 ha permitido irónica y contradictoriamente, que los precios del carbón en Europa evolucionaran en precios mínimos, facilitando así su uso a escala, sobre todo, industrial. El salto cuantitativo de la cotización de los ETS que desvela Refinitiv refleja el coste que los socios y empresas de la UE han acometido en este mercado, y por los que han pasado de pagar 8 euros en 2016 a 21 euros por tonelada a lo largo del pasado ejercicio, aseguran los expertos de esta empresa. 

La editorial Elsevier, especializada en publicaciones científicas, desvela en El Papel de la Energía Renovable en la Transformación Energética Global, un informe de varios científicos coordinado por Dolf Gielen, director del Centro IRENA de Innovación y Tecnología, con sede en Bonn, que la transición ya se ha iniciado. A través de “un proceso de innovación que han reducido los costes de las energías renovables, al utilizar tecnología sumamente efectiva como el de las baterías”. Este grupo de expertos juzga imprescindible que el tránsito hacia las energías limpias se combine con iniciativas legislativas que permitan “que los avances en I+D+i logren reducir los riesgos de volatilidad” hacia la meta marcada para 2050. Las políticas tecnológicas “son vertebradoras”, como lo demuestran “los progresos de las energía solar y eólica”. De darse estas circunstancias -auguran en un artículo de su serie científica, Energy Strategy Reviews, “la cuota de renovables podría pasar del 15% de 2015”, año de los Acuerdos de París, “hasta el 63% del suministro en 2050” y, debido a sus registros de eficiencia energética, “protagonizar el 94% de las emisiones de CO2”.

 

 

Uno de los lobbies más potentes de la industria de renovables, REN21, un club donde se da cita el sector empresarial, instituciones multilaterales, ONG’s y la comunidad científica en pro de una rápida transición global hacia las energías limpias, pone el dedo en la llaga. “La senda hacia la descarbonización se intensificó en 2018, con un mayor número de gobiernos nacionales y locales activando proyectos de renovables”. Incluso en mercados emergentes y en países en desarrollo, dice su informe 2019, “han incrementado sus sistemas de distribución de energías limpias hasta hogares situados en lugares recónditos de sus territorios”. De hecho, aseguran en su radiografía anual, son ya 169 el número de naciones con planes energéticos renovables y, por primera vez en la historia, la población global sin acceso a la electricidad ha descendido de los 1.000 millones. Pero este escenario tiene un lado sombrío. “Pese a los progresos en renovables, la eficiencia energética y el mejor servicio en red a su distribución, el planeta está lejos de lograr los objetivos de desarrollo sostenible”. El aumento del 1,7% de las emisiones contaminantes se debe -insiste REN21- al repunte, de hasta el 11%, de los combustibles fósiles cuyas empresas “siguen gastando cientos de millones de dólares en ejercer su influencia -lobbies- para retrasar sus controles y su posible y gradual prohibición”. Ante gobiernos y, mediante campañas publicitarias, ante las sociedades civiles. De hecho, las inversiones globales en renovables retrocedieron en 2018 en un 11%, hasta los 288.900 millones de dólares. Y siguen estando por debajo de las industrias que usan energías fósiles. En los últimos cinco ejercicios.   

La salud financiera tras la Gran Pandemia

El FMI respalda las estrategias de inversión verdes. Pierre Guérin, economista de su división de Análisis Financiero Global las considera idóneas para que las empresas salgan con dinamismo de la Gran Pandemia. “Es el momento de que los líderes corporativos enlacen los objetivos sobre sostenibilidad con sus planes de inversión estratégicos”, dice en su blog institucional. Porque los riesgos medioambientales sobrepasarán los efectos de la crisis sanitaria y la recesión global. Y surgen nuevas preferencias de consumo, que requieren acciones corporativas específicas y un cambio en el comportamiento inversor que demanda una aceleración de la transición energética que sirva para abandonar las economías basadas en el carbón. Es decir, en los combustibles de origen fósil. Pero, además, porque sin situar los proyectos verdes en el horizonte, las empresas que manifiesten debilidades financieras acarrearán mayores dosis de incertidumbre, reducirán sus inversiones, renunciarán a proyectos verdes intensivos en capital y ralentizarán su tránsito hacia la sostenibilidad. “El clima de los negocios se ha enrarecido con el Covid-19 y ha generado suma incertidumbre sobre el despegue, pero la recuperación se asentará sobre las economías y las energías limpias”-.

Guérin pone la coyuntura de la economía verde en contexto y urge a reducir las emisiones de gases contaminantes, que considera una prioridad. Desde el punto de vista ecológico, aunque también económico. En primer lugar -asevera- porque las condiciones financieras en el mercado se han ido restringiendo con el paso de la Gran Pandemia, en medio de adversidades económicas de una recesión global excepcionalmente intensa, lo que ha reducido las inversiones verdes y, al mismo tiempo, ha ralentizado la transición que debe llevar aparejada el abandono paulatino de la industria de combustibles fósiles. Pero para solventar el deterioro de liquidez y crediticio de las empresas, será indispensable retomar la senda inversora en proyectos medioambientales porque las carteras de capital han puesto el foco en las políticas climáticas del sector privado. El segundo de sus motivos apunta a las finanzas sostenibles. Los informes de sostenibilidad de las compañías serán determinantes para que los inversores juzguen su nivel de exposición a los riesgos. Es el punto de gobernanza de los criterios ESG. Resulta esencial porque deben describir la apuesta estratégica de las firmas hacia las inversiones verdes. En este sentido, apela a una era de cooperación internacional para emprender iniciativas globales que eviten la fragmentación de los activos bursátiles. Y el FMI -recalca- tendrá un papel activo en la consolidación de tácticas respetuosas con el medio ambiente. Porque la estabilidad de los mercados depende de ello.

Garret Hering, de S&P Global, también alerta sobre el peligro de que la Gran Pandemia reduzca la velocidad de la transición energética. El uso de fuentes contaminantes se elevó hasta los 31,9 gigatones de CO2 en 2019. Y, aunque este año caerá en un 8,6% por efecto de la contracción de las economías mundiales, de no impulsar la reconversión -en alusión a gobiernos y empresas- la ratio aumentará gradualmente hasta 2027, antes de descender a una media del 0,7% desde ese ejercicio hasta 2050, según su informe New Energy Outlook. Un esfuerzo vano, que devolverá a industrias como la eléctrica, la de transporte o la manufacturera a un retroceso en sus tácticas corporativa de abandono de energías contaminantes. A pesar del retroceso de la demanda y de los niveles de polución procedentes del carbón, ya en 2018, y del gas, en 2019, bajo el panorama de indecisión actual, hasta comprobar el modelo del despegue de la actividad tras la epidemia, las predicciones de S&P Global hablan de un repunte del crudo en 2035. La solar y la eólica serán claves en la contención de esta tendencia.

Este año, su aportación al mix energético mundial se elevará un 9% e irá en aumento, hasta crecer un 56% en 2050. Pero su reinado está supeditado a cuestiones de largo alcance. A que en las próximas tres décadas puedan certificar avances en tecnología capaces de lograr baterías de larga vida y capacidad de carga. Sólo así, esta industria renovable conseguirá acaparar el 80% de la cuota energética en 2050. Una tarea para la que se precisa unos desembolsos de 15,1 billones de dólares en capacidad productiva -el tamaño de la economía china- y otros 14 billones más de capital adicional para obtener su sostenibilidad. Un desafío notable sobre el que Seb Henbest, economista jefe de BNEF y autor del informe de S&P ve el vaso medio lleno.

“Nuestras predicciones apuntan a que el sistema eléctrico será boyante desde el punto de vista bursátil. Más que en ejercicio recientes. Basado en cálculos puramente de costes dinámicos”. A su juicio, las renovables es una “tremenda oportunidad de mercado” si se consolida la descarbonización del transporte y la electricidad y se incorpora la tecnología que se basa en el hidrógeno. En un horizonte despejado hacia las renovables, el gas natural será el único combustible fósil que mantendrá demandas de crecimiento hasta 2050. Es decir, se erigirá en la alternativa a las fuentes limpias; la que las acompañará en la transición. “Para alcanzar una temperatura global que aumente por debajo de los 2 grados centígrados en el ecuador del siglo, se necesita rebajar las emisiones un 6% cada año, y si se persigue un objetivo más ambicioso, de 1,5 grados, como establece el consenso de los investigadores del cambio climático, el recorte de gases de efecto invernadero debería ser de un 10% anual”, aclara Matthias Kimmel, analista de BNEF y coautor del estudio.

¿Que ocurrira en 2021 en bolsa?

El departamento de análisis de Estrategias de Inversión analiza las perspectivas anuales para 2021.

Año II del Covid, ¿Que espera el mercado?   No se pierda nuestro especial Revista de Enero sobre lo que espera el mercado para este año en bolsa.

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