Industria prepara una normativa para castigar el fraude en la energía solar

El ministerio de Industria prepara una normativa para luchar contra el fraude en el sector fotovoltaico después de que la Comisión Nacional de la Energía constatara irregularidades en el registro de instalaciones para acogerse al anterior sistema de primas, más elevadas que las actuales. Fuentes del gabinete dirigido por Miguel Sebastián confirmaron hoy a Efe que el objetivo es que los presuntos autores del fraude sepan que pueden ser sancionados con multas e incluso con penas de cárcel, ya que la falsificación de documentos está tipificada como delito. Según el Código Penal, las personas que incurran en la falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles pondrá ser sancionadas con penas de entre 6 y 3 años de cárcel y multas. En el caso de que el falsificador sea una autoridad o funcionario público, las penas de prisión van de 3 a 6 años y podrán ser sancionados también con entre dos y seis años de inhabilitación. Esta misma semana, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) pidió que las instalaciones que se demuestre que están indebidamente registradas para cobrar las antiguas primas a la producción sean inhabilitadas para recibir las ayudas públicas. La CNE constató que 4.189 instalaciones fotovoltaicas, que suman el 13,3 por ciento de la potencia inscrita, no vertían energía en el sistema eléctrico el 30 de septiembre de 2008, fecha en la que concluyó la vigencia del anterior régimen retributivo.