Las acusaciones del Ejecutivo comunitario están contenidas en un pliego de cargos enviado a ambas empresas. El expediente es el resultado de las inspecciones por sorpresa llevadas a cabo en 2006 en las sedes de E.ON y de Gaz de France en Alemania y Francia. Bruselas abrió una investigación formal en julio de 2007.La posible infracción detectada por la Comisión consiste en un acuerdo entre E.ON y GdF en virtud del cual cada empresa se habría comprometido a no vender gas en una cantidad significativa en el mercado nacional de la otra. Este pacto se aplicaría sobre todo al suministro de gas natural a través del gaseoducto MEGAL. El gaseoducto, propiedad conjunta de E.ON y GdF, garantiza el abastecimiento de gas en el sur de Alemania, entre las fronteras germano-checa y germano-austriaca, por una parte, y la frontera franco-alemana, por la otra.