"Es la primera de cierta importancia (desde la reforma). Económicamente, es la sanción más alta que se propone como consecuencia de la modificación de la Ley", dijo Mellado a Europa Press, al tiempo que recordó que el incidente que supuso el cierre de Vandellós II supuso un importe total de 1,6 millones de euros.En todo caso, precisó que el informe remitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que deberá decidir sobre la multa finalmente impuesta al titular, no recomienda sanción económica alguna, sino que señala los incumplimientos y el marco que tienen en la Ley.Así, las faltas graves en grado máximo pueden multarse con entre 4,5 y 9 millones de euros; las graves en grado medio, con entre 1,5 y 4,5; y las leves en grado mínimo, con hasta 15.000 euros. El Consejo plantea cuatro sanciones graves, una en grado máximo, y dos leves en grado mínimo.Potencialidad de riesgo "Hay una que es en grado máximo, la correspondiente a la potencialidad de que se hubieran superado los límites de dosis para los trabajadores dentro del emplazamiento de la instalación. Esto no ha sido así, se sabe que no ha habido contaminación de personas pero ha existido un riesgo potencial, remoto y las consecuencias hubieran sido leves al ser partículas sueltas, discretas. Pero, sin embargo, esa potencialidad hace que se considere que existe una falta grave", precisó.Además, Mellado defendió la realización de un trabajo "riguroso" porque el titular de Ascó I, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), puede recurrir. A su juicio, hay que conseguir un trabajo "bien hecho de manera que el recurso no tire por tierra las actuaciones del Consejo". A partir de ahora, Industria deberá instruir el expediente sancionador y concluir el pliego de cargos, según explicó, que enviará a ANAV para que realice las alegaciones oportunas. El ministerio podría requerir especificaciones técnicas al CSN para lo que le remitiría las alegaciones de ANAV y, con la respuesta del Consejo, deberá tomar una decisión."Hay un límite que en ningún caso se tendría que superar el plazo de caducidad. Una sanción leve decaería en un año si no se ha impuesto la sanción. Una grave decaería a los tres años. No creo que se alcance en absoluto ese plazo", comentó.Finalmente, la directora de Seguridad Nuclear justificó la propuesta de seis sanciones a Ascó I por la existencia de un "riesgo potencial" que habría dado lugar a efectos "leves". Asimismo, señaló la falta de control de la central sobre la situación que ha producido esta liberación de radiactividad al exterior", así como la ocultación y la falta de información.