Asimismo, durante 2007 la CNMV recibió 809 reclamaciones, lo que supone un descenso del 1,7% respecto a 2006, en especial sobre entidades de crédito, de las que el 66% se resolvieron en cuatro meses, según el informe hecho público por el organismo supervisor.Los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito fueron de nuevo las organizaciones contra las que se dirigieron un mayor número de reclamaciones, debido al uso "preponderante" de sus redes para contratar productos y servicios de inversión por parte de los minoristas. De las 568 reclamaciones recibidas contra este tipo de entidades, el 74% correspondieron a bancos, el 24% a cajas de ahorro y el 2% restante a cooperativas de crédito.El motivo principal de las reclamaciones se debió a incidencias en la prestación de servicios de inversión (55,6% del total), siendo los procesos de ejecución de órdenes y la información suministrada a los clientes los asuntos más problemáticos. Las relativas a fondos de inversión representaron el 44,4%.Las reclamaciones resueltas con informe favorable a la entidad crecieron durante 2007 un 14%, aunque aquellas reclamaciones a favor del inversor también se elevaron un 2,9%.Durante el pasado ejercicio, la CNMV inició el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por las entidades cuando las reclamaciones se cerraron con informe favorable al reclamante. Hasta la fecha, en el 60,8% de los casos, las entidades han rectificado su actuación según los criterios del informe. El grado de rectificación en los bancos fue del 68%, mientras que, en las cajas de ahorros se redujo al 55%. Por el contrario, el número de consultas de los inversores aumentó notablemente durante 2007, hasta las 10.945, el 9,6% más que en 2006. Las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con las OPAS, las nuevas emisiones de valores dirigidas a inversores minoristas y la evolución de la cotización de ciertos valores. También se produjeron consultas sobre incidencias con empresas que prestan servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva (ETF y traspasos de fondos), los contratos financieros por diferencias (CFD) y sobre entidades no registradas. A partir de noviembre se generalizaron las consultas sobre la Directiva MiFID.