Moncloa admite una caída del PIB de dos o tres meses -una contracción- con visos de convertirse en recesión, dos trimestres consecutivos en receso productivo. El resto de socios europeos -y finalmente, EEUU, donde se han disparado los casos de coronavirus- han sacado a relucir sus arsenales fiscales. Las empresas hispanas cuentan sus planes de contingencia y su interpretación del programa de estímulo del gabinete de coalición.
El esperado Consejo de Ministros con el decreto de medidas económicas y sociales urgentes, que se reveló el martes 17 de marzo, es de gran calibre. Como corresponde a las excepcionales circunstancias coyunturales que ha generado el Covid-19 y como se desprende de una ausencia casi total -e igualmente sorprendente en un país acostumbrado al disenso-, de críticas desde la oposición política. España ha sacado el fusil. Otra cosa es que las balas mitiguen las secuelas del coronavirus en el orden económico. La batería de medidas contempla cauces para agilizar los ERTE, facilidades para obtener coberturas por desempleo y avales para garantizar la liquidez a las pymes. “Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, afirmó Pedro Sánchez, durante la presentación del decreto, del que destacó, en primer término, su objetivo de “proporcionar a las empresas la liquidez que necesiten”, a través de líneas de financiación garantizadas de hasta 100.000 millones. La mitad de los recursos totales del plan de estímulo -y de protección social, según recalcó el presidente del Gobierno en varias ocasiones- y de tamaño similar -en proporción- a los 300.000 millones que ha desplegado la canciller alemana, Angela Merkel, con un PIB, el germano, tres veces superior al hispano. “El resto [de las necesidades] se completará con recursos privados”, enfatizó Sánchez antes de advertir que “se trata de la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”. Rozando el 20% del PIB español.
“Son días muy duros” y “lo peor está por llegar”, fueron dos de las apelaciones más repetidas por Sánchez, que un día después, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, pidió perdón de los ciudadanos por posibles errores de gestión, hizo autocrítica y anunció la creación de una comisión de expertos que analice los fallos cometidos y detectados en el sistema de toma de decisiones ante pandemias como la del Covid-19 que, en España, ya ha elevado el número de contagiados por encima de los 13.000 y de fallecidos, de los 600. Sánchez pidió el apoyo del arco parlamentario para aprobar unos “presupuestos de reconstrucción social” con los que poner a resguardo estas medidas de contención, a las que denominó “escudo social” para ciudadanos y empresas.
El programa fiscal, muy expansivo, recoge otras medidas de calado. A las familias vulnerables por la pandemia se destinan 600 millones de euros para servicios sociales, con especial atención a personas mayores y dependientes, que incluirán transferencias tanto a gobiernos autonómicos como a municipales, para la financiación de estas prestaciones. También se protegerá el flujo de suministro de luz, agua y gas y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones. A ellos está enfocada la moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda, destinada a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus. A empresas, trabajadores y autónomos, les reportará medidas de flexibilización de los ERTE’s, expedientes de regulación de empleo temporales -a los empresarios- pero con coberturas a los empleados que pierdan de forma temporal su puesto de trabajo. Todos los afectados por ERTE’s tendrán derecho a prestación por desempleo, incluso los que no dispongan del suficiente tiempo de cotización. En este apartado también se constata que los cobros de estas ayudas no computarán para futuras solicitudes de coberturas de paro. La excepcionalidad del estado de alarma dará la pauta del periodo de transitoriedad de esta norma. Del mismo modo, los trabajadores tendrán derecho -sin excepción- a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales. Lo que implica que las empresas tendrán que fomentar el teletrabajo cuando las circunstancias lo permitan. En este sentido, también se contempla que las compañías que presenten un ERTE no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social, una forma de evitar despidos definitivos. Porque los ERTE’s abiertos ya afectan a más de 100.000 trabajadores. A los autónomos, se les suaviza el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad si se han visto en la obligación de cerrar sus establecimientos o suspender sus servicios. Afectará a profesionales que pierdan un 75% de su facturación en relación con el semestre anterior. Esta prestación será totalmente compatible con la exoneración del pago de cuotas.
El Ejecutivo también ha creado otra línea de avales, dotada de 2.000 millones de euros, para las empresas del sector exterior, ha prohibido expresamente las ofertas públicas de adquisición (opas) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas, impedimento que trata de evitar nuevos desplomes bursátiles, tras caer la cotización del Ibex en más de un 40% y acabar con siete años de beneficios; concedido inversiones en digitalización para pymes y para programas de I+D+i que fomenten el teletrabajo, así como recursos para investigar la vacuna del Covid-19 y una regla de relajación del gasto que permitirá a los ayuntamientos emplear todo su excedente presupuestario en servicios sociales o en partidas relacionadas con la dependencia u otro tipo de repercusiones sociales que tenga que ver con la crisis del coronavirus. La moratoria en la hipoteca se podrá solicitar cuando la cuota y los gastos superen el 35% de los ingresos.
Europa y EEUU se apuntan al gasto
El anuncio de las medidas en España vino precedido de un reconocimiento presidencial de que la economía, muy presumiblemente, entrará en recesión. Este ejercicio habrá nueve meses en vez de doce, dijo Sánchez, en una clara alusión a que la pandemia económica que sacude a todo el planeta, en el mejor de los casos, supondrá un periodo de contracción de, al menos, y en el mejor de los supuestos, todo un trimestre. Este reconocimiento nada velado de la gravedad de la coyuntura propiciada por el coronavirus también ha llegado a EEUU, uno de los territorios a los que los organismos multilaterales, empezando por la OMS, y siguiendo por el FMI, le habían advertido de los peligros de no tomar cartas rápidas en el asunto. Un aviso a navegantes. A la Administración Trump, reacia durante semanas a abordar como crítica la situación en el mayor mercado del mundo. Pese al repetido balón de oxígeno lanzado desde la Reserva Federal. Pero la Casa Blanca, con varios parámetros económicos apuntado a un frenazo brusco de la actividad, ha trasladado al Congreso otro enorme paquete de estímulo, de 850.000 millones de dólares, que su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, calificó como el de mayor envergadura desde la Gran Recesión, cuando Washington activó el doble rescate -fiscal y bancario- para sacar al país de la crisis de 2008. En el que se contempla alivios de liquidez a empresas y ayudas directa tanto a ciudadanos como a sectores estratégicos, entre los que citó a las aerolíneas que podrían llegar a recibir más de 50.000 millones de dólares. Mnuchin avanzó que su departamento baraja el envío de cheques a los estadounidenses de forma exprés, “inmediatamente, en las próximas dos semanas”. De algo más de 1.000 dólares. Desde las cámaras legislativas, la de Representantes, de mayoría demócrata, y el Senado, republicana, se han conjurado para aprobar lo antes posible las medidas que se concreten. Y que, a buen seguro, irán más allá del planteamiento inicial del Tesoro en un año electoral como este, con las urnas convocadas en noviembre para desvelar si Trump accede a un segundo mandato o, por el contrario, habrá sucesión política demócrata en el Despacho Oval. El Covid-19, que ha superado los 182.000 afectados esta semana, albergaba más de 4.600 en suelo americano. El estado de California ha ordenado el confinamiento de 6,7 millones de personas y el de Nueva York sopesa una medida similar.
Francia, otro de los rezagados en la aplicación de medidas, con el error de haber permitido la celebración de la primera vuelta de las elecciones municipales, en plena escalada de infectados por coronavirus, también ha movilizado 45.000 millones para ayudar a trabajadores y empresas e inyectado liquidez por 300.000 millones. El presidente francés, Emmanuel Macron, habla ya de una “guerra sanitaria” contra el coronavirus. Mientras su ministro de Economía, Bruno Le Maire, asume la pandemia económica del Covid-19 y reconoce que el PIB galo registrará este ejercicio una contracción del 1%. Si no se dilata la reactivación. De no ser así, y de mediar fases de quiebra o suspensión de pagos de grandes emporios franceses, El Elíseo se reserva la opción de nacionalizar empresas estratégicas, “si fuera necesario”. Le Maire también admitió que la deuda sobrepasará el 100% del PIB al término de 2020. Mientras, Italia, sigue con su política de desplegar fondos a cuentagotas, pero con cierta anticipación a los repuntes de la crisis sanitaria en el país que acaba de rebasar a China en número de fallecidos por coronavirus. El Ejecutivo de Giuseppe Conte acaba de inyectar otros 25.000 millones de euros de apoyo a familias, empresas y trabajadores, que incluye a los autónomos, que se vean afectados por los estragos de una pandemia con más de 24.700 afectados y más de 1.800 fallecidos. Roma destinará otros 3.000 millones a reforzar con medios y personal el sistema sanitario nacional. “Estamos intentando construir un dique de contención para que nadie se sienta abandonado”, dijo el primer ministro y “queremos que el resto de Europa nos siga en este camino”, añadió. La Comisión Europea ha recogido el testigo y admite que, junto al BCE, podría liberar un fondo de rescate adicional al de 410.000 millones de euros que se gestiona desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero el brazo ejecutor de la Unión sigue sin reaccionar con planes concretos.
En Reino Unido, desde el 10 de Downing Street, Boris Johnson, premier británico, parece haber tomado por fin conciencia de la gravedad de los acontecimientos y acaba de decretar el cierre de colegios. Aunque aún no ha estipulado ningún plan de estímulo fiscal con el que corresponder los programas del BoE. Mientras países como China proclama su primer día sin contagio y Taiwán y Corea del Sur avanzan en innovadoras iniciativas de control a los ciudadanos recluidos en sus hogares y sin síntomas o a los que guardan cuarentena fuera de hospitales, con aplicaciones de móviles capaces de tomar la temperatura corporal y realizar test preliminares de la enfermedad.
En este contexto, el FMI también ha decidido mover ficha y ha aprobado movilizar 1 billón de dólares de sus líneas de préstamo disponibles para sus 189 países miembros -gobiernos y bancos centrales- para potenciar los programas de estímulo fiscal y monetario. Así lo acaba de anunciar su directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva, que lo ha calificado como una herramienta de “respiración asistida” para frenar la expansión del Covid-19. Un tratamiento de choque con el que paliar las “fuertes restricciones al comercio, el turismo y los flujos de personas y capitales” en palabras de Georgieva. “La coordinación y sincronización de recursos económicos suficientes se hace cada vez más urgente”, asegura la máxima responsable del Fondo Monetario.
La percepción de las empresas
La esperada -y retardada- decisión de los gobiernos de activar el arma presupuestaria para dar cobertura a las políticas monetarias laxas de los bancos centrales, ha sido, en líneas generales, bien vista por las empresas. Muchas de las cuales, han emprendido planes de contingencia tras facilitar, de forma masiva, el teletrabajo y las tareas no presenciales. Las principales entidades financieras fueron las primeras en activar el teletrabajo. Santander y BBVA lo hicieron al unísono con la suspensión del sistema educativo y días antes de la declaración del estado de alarma en el país. En primera instancia, en sus cuarteles generales. Además de sopesar fórmulas para poder desarrollar sus juntas de accionistas. También Mpafre permitió de inmediato el teletrabajo, de forma prioritaria, a empleados con hijos menores de doce años o en situaciones especiales, así como a personas mayores dependientes a su cargo, tanto en Madrid como en País Vasco.
Pero, ¿cómo valoran esta pandemia económica? Y, sobre todo, ¿qué medidas han puesto ya en marcha para contener al virus y para paliar la parálisis productiva”
CEOE. Desde la gran patronal se apoya el decreto de medidas financieras, económicas, laborales y sociales del Gobierno español, al que califica de buena noticia por el volumen de recursos que ha movilizado. Pero apelan a la cautela. “Estamos revisando pormenorizadamente su contenido tanto de sus aspectos económicos como de los laborales”, explican fuentes de la organización que preside Antonio Garamendi. Del apartado económico admiten, a priori, que la cifra “resulta de calado”, aunque destacan también que la inyección de 100.000 millones de avales “no es en realidad una inyección de liquidez real”, sino una serie de “garantías que ayudarán a asegurar la masa circulante de las empresas, a corregir la caída de ingresos y la escalada de gastos” de esta interrupción súbita, aún incalculable e incierta, en su trayectoria temporal, parálisis de actividad. Es, más bien -dicen las mismas fuentes patronales- una ayuda transitoria a la financiación de las empresas. Respecto a las coberturas en el terreno laboral, la CEOE asegura que su recetario “es más complejo, más difícil de interpretar, de valorar el impacto real, por ejemplo, en los ERTE’s, aunque, en principio, acorte los procedimientos para declarar estos expedientes de regulación de empleo temporal para evitar despidos definitivos”.
En un comunicado conjunto con Cepyme, su institución hermana y patronal de las pequeñas y medianas empresas, ya expresaron días antes de la aprobación del decreto extraordinario con las medidas urgentes del Gobierno, la exigencia de una “respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE”. Con la puesta en marcha de mecanismos útiles y rápidos encaminados a garantizar la liquidez a las empresas, especialmente las pymes, y a los autónomos, para evitar su “quiebra inmediata” y que puedan “mantener la actividad protegiendo el empleo”. Por lo que demandaron actuaciones en tres ámbitos concretos en los que ha entrado finalmente la acción del Ejecutivo de coalición. El primero, de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos, de simplificación y agilización de ERTE’s con efecto retroactivo, así como la suspensión de “la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa” y el acceso a la protección por desempleo sin periodo de carencia ni perjuicio a prestaciones por desempleo futuras. En el plano fiscal, solicitó aplazamientos y fraccionamientos de pagos de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19. Con una especial atención al colectivo de autónomos, donde se requiere “una suspensión de cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario”. Para, finalmente, reclamar un compendio de avales públicos que faciliten los flujos de crédito. “La clave de un país son sus empresas y cuando seamos capaces de vencer esta epidemia, debemos ser capaces también de volver a la normalidad como país, recuperando lo antes posible la actividad económica”, resalta la patronal.
Inditex .La multinacional española ha decidido donar mascarillas, adquirir productos clínicos, así como a transportar los que compre el Gobierno en los mercados internacionales, según admitió la firma textil tras la presentación de sus cuentas de resultados. El emporio fundado por Amancio Ortega ha puesto a disposición del Gobierno toda su capacidad logística, de aprovisionamiento y de gestión comercial para “atender las necesidades de urgencia, tanto de material sanitario como textil” derivadas de la crisis del coronavirus. En un comunicado oficial, la empresa que dirige Pablos Isla asegura estudiar fórmulas para “convertir una parte de nuestra capacidad de fabricación textil a producción de material sanitario”. En concreto, señala que podría suministrar “batas protectoras en España, para lo que es necesario realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar la disponibilidad de materia prima”. Además, ha anunciado que va a realizar “al menos un envío semanal” del material que la empresa compre y dará apoyo logístico para transportar lo que compre el Gobierno. Y una donación de 10.000 mascarillas protectoras y un envío de unas 300.000 quirúrgicas. La intención de Inditex es poner a disposición del Gobierno “su capacidad logística, de aprovisionamiento y de gestión comercial, muy especialmente desde China”, con la finalidad de atender las necesidades de urgencia, tanto de material sanitario como textil, que se “necesitan en estos momentos”. La compañía ha provisionado 287 millones y ha suspendido el pago de dividendos por el “impacto de la pandemia Covid-19 en el valor neto de realización del inventario de la campaña primavera/verano a 31 de enero de 2020” y reconoce que sus ventas cayeron un 24% a lo largo de la primera quincena de marzo. Isla también ha decidido dar ejemplo y se ha reducido a la mitad su retribución variable de 2019 como gesto por los daños colaterales del coronavirus.
En el plano laboral, el gigante de la moda costeará el 100% del empleo del próximo mes -hasta el 15 de abril- y sólo si la pandemia se prolonga más allá, emprenderá un ERTE en sus tiendas. La medida afecta a los 48.000 empleados que la multinacional española tiene en plantilla en toda España.
Banco Sabadell La entidad financiera “cumple, por supuesto, con todos los requerimientos y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y demás instituciones que gestionan la crisis del Covid-19”. Desde un principio se activaron los protocolos previstos de continuidad de negocio y se empezó con las medidas higiénicas recomendadas -lavado habitual de manos o distancias de seguridad, entre otras- pero, con la escalada de la pandemia y el decreto de estado de alarma, “se decidió tomar” -explican fuentes del banco- varias medidas adicionales para combatirla. En el centro corporativo, “todos los empleados hacen teletrabajo, exceptuando las unidades y los trabajadores implicados en la continuidad operativa del banco que, por sus responsabilidades, resulta imprescindible que estén presentes en el lugar de trabajo, “donde, obviamente, se sigue tomando todas las medidas de seguridad”. Banco Sabadell lleva años implantando el teletrabajo progresivamente, por lo que “no ha sido un problema aplicarlo de forma masiva en la plantilla”.
En las oficinas, hasta el día posterior a la aprobación del decreto de medidas urgentes, estaban abiertas, salvo excepciones puntuales, con el 50% del personal presente físicamente, mientras la otra mitad, realizaba sus labores por teletrabajo. Por tanto, había dos turnos, en función de cómo iba evolucionando la situación crítica de la pandemia y bajo permanente revisión de esos criterios. Circunstancias que cambiaron tras la escalada de casos de contagio y la revelación del programa de estímulo económico. Banco Sabadell redujo el número de sus oficinas abiertas al público, “siguiendo los criterios con los que procedemos durante el mes de agosto, lo que nos permitirá mejorar la asignación de recursos en la red de oficinas y garantizar la calidad de los servicios”. Los clientes afectados -explican- “serán informados de que su oficina permanecerá clausurada y que puede seguir operando a través de los canales habituales de banca a distancia”.
Además, los viajes de trabajo están suspendidos -nadie se desplaza-, las cantinas y restaurantes de los edificios se cierran y los eventos se cancelan. Todos excepto uno, la junta de accionistas, prevista para el 26 de marzo. En este último caso, se ha decidido cambiar la ubicación desde el Auditorio de la Diputación de Alicante al edificio corporativo del banco en la ciudad; en concreto, en la Avenida Óscar Esplà, y se ha recomendado que ningún accionista se desplace, puesto que la junta se retransmite en streaming y existe la posibilidad de hacer preguntas a distancia. Desde la entidad se admite que es probable que la presencia de la mayoría de consejeros, incluido el presidente, sea por vía telemática, “si bien todavía no se ha tomado la decisión definitiva en este sentido”. Banco Sabadell “quiere seguir ofreciendo un servicio ejemplar a sus clientes, aunque priorizando en todo momento la seguridad de los empleados y siguiendo los protocolos que ha establecido el Ministerio de Sanidad”.
SegurCaixa Adeslas. La aseguradora española dispone de planes de contingencia para reforzar la continuidad de negocio frente a eventos inesperados y de gran impacto, según fuentes de la compañía. “Desde hace ya algunas semanas” ha elaborado y puesto en marcha diferentes planes de continuidad de negocio y ha trasladado protocolos de actuación para afrontar la pandemia, “cuya escalada está superando todas las previsiones, estableciendo como prioridad la salud de los empleados”. Entre otras, “se han ampliado las capacidades de trabajo en remoto”, lo que le ha permitido “reducir el riesgo de contagio y cumplir las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno”. También “se han entregado portátiles y móviles” dicen estas mismas fuentes, “y se han configurado ordenadores personales para realizar trabajo en remoto de forma segura y se han dispuesto medidas excepcionales de flexibilidad laboral y ampliado las capacidades de atención al cliente de forma no presencial”. La prioridad “es preservar la salud de empleados y seguir prestando un servicio de calidad a los clientes”, aducen.
La monitorización de la situación y la aplicación del plan de contingencia “se ha encomendado a un comité formado por los principales responsables de organización y negocio de la compañía”. En este sentido, aseguran que el Comité de Dirección se apoya en este organismo para coordinar las medidas graduales, con las que se busca minimizar el impacto de la crisis del coronavirus. Las primeras acciones se encaminaron, antes incluso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, al diseño de protocolos de carácter preventivo y se cancelaron los eventos masivos y aquellos que requerían el desplazamiento del personal entre centros de trabajo.
Todas estas medidas “han permitido que la compañía se adapte a unas condiciones de mercado nunca vistas y siga ofreciendo sus servicios”. Los clientes, confinados en sus hogares, “disponen de la posibilidad de hacer numerosos trámites en remoto, lo que redunda en más seguridad para ellos, “aunque también son atendidos en nuestras oficinas con garantías de seguridad sanitaria si lo ven necesario”, matizan.
Crédito y Caución. Las previsiones de insolvencia de Crédito y Caución emitidas en noviembre pasado ya señalaban que el pasado ejercicio marcó un punto de inflexión. En 2019, el número de impagos empresariales creció un 3% y, para 2020, el servicio de estudios de la aseguradora preveía una desaceleración hasta el 2,3%. “El brote del coronavirus modifica este pronóstico”, explican en la firma. En un escenario base de contención, sus expertos prevén un incremento de +0,8 puntos adicionales en las insolvencias globales este año. El mayor impacto se producirá en Asia emergente (+1,5 puntos) mientras que en la zona del euro (+0,8) y EEUU (+0,6) el impacto será más leve. En un horizonte prolongado de crisis, cabría esperar un mayor aumento de las insolvencias globales (+2,1 puntos) con especial impacto en Asia emergente (+3,3 puntos), por encima de la zona euro (+2,0) y EEUU (+1,8).
En el marco laboral, Crédito y Caución ha adoptado las medidas oportunas para proteger la salud y seguridad de sus empleados, agentes y asegurados, siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias orientadas a la contención del coronavirus. “Estamos aplicando con normalidad nuestro Plan de Continuidad de Negocio que está estructurado en torno a las buenas prácticas y estándares internacionales marcados en la ISO-22301 y que nos ayuda a proteger los elementos críticos que nos permitirán mantener en todo momento la aportación de valor de nuestra compañía ante cualquier contingencia”: la de las personas, los datos, los procesos y los proveedores de servicio, señala Jacinto Iglesias, su director general, en un comunicado a clientes de la firma. En este sentido, desglosa cuatro medidas específicas. Por un lado, de contención y mitigación de riesgos de exposición al virus en todas nuestras oficinas. Por otro, de activación de la flexibilidad de procesos para el traspaso de actividad entre nuestros diferentes centros trabajo para adaptarnos en todo momento a la evolución del escenario. En tercer lugar, normas para facilitar la movilidad de nuestro personal para responder al cierre de centros educativos, la protección de grupos de riesgo o la necesidad de cerrar temporalmente cualquiera de nuestros centros de trabajo. Y, finalmente, de digitalización de procesos documentales, especialmente en lo referente a la presentación de siniestros.
“Esta batería de medidas nos permitirá mantener la normalidad del servicio y la colaboración de manera responsable con la contención del coronavirus COVID-19”, añade su director general.
Oryzon. Empresa pionera en medicina personalizada en epigenética. “Nuestro principal objetivo es la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades neurodegenerativas y oncológicas”, por lo que “el modelo de negocio de Oryzon se encuentra en fase de desarrollo, con un periodo de maduración de nuestros productos a largo plazo, y sin recurrencias desde la perspectiva de ingresos”. Es por ello -explican en la compañía- que, a diferencia de la mayoría de sectores, en los que se producirán ajustes significativos, “no vamos a tener afectación alguna en cuanto a ingresos”.
A nivel operativo, y hasta la fecha, “no hemos tenido bajas significativas, la actividad de personal se encuentra al 97%” Nuestro compromiso por la salud y seguridad de nuestros colaboradores hizo que “detectásemos de forma muy temprana el riesgo de afectación y adoptáramos medidas de prevención”. En la segunda mitad de febrero “ya activamos procedimientos en todas nuestras direcciones de área para evaluar los índices de criticidad de las actividades de viajes, de visitas y de reuniones, la disminución de la intensidad y actuaciones de índole profiláctica”. De nuestras acciones en el apartado de información, formación y seguridad, “cabe destacar que siempre han ido por delante de las recomendaciones de las Administraciones Públicas”, porque, entre otras razones, “hemos adoptado medidas de business continuity que afectaron al 50% de la plantilla, al efecto de que continuase su actividad diaria mediante teletrabajo, y hemos podido comprobar que el grado de digitalización y nuestros sistemas informáticos han estado preparados para dar respuesta a este grave incidente”.
Sobre el comportamiento bursátil, en Oryzon catalogan de “dramática” la debacle de las bolsas nacional e internacionales y muestran su “preocupación por nuestros accionistas”. El valor de la compañía -dicen- “ha actuado en connivencia con las pérdidas de cotización generales y de una forma desligada a los fundamentales de la firma”. No obstante, “estamos esperanzados de que en el momento en que impere la calma en los mercados y las valoraciones se ajusten, podamos recuperar valor a un nivel superior al de otros sectores, a los que la crisis afecta de manera más significativa”.
Desde Oryzon también pasan revista al diagnóstico clínico y preventivo. “Las consignas sanitarias son conocidas: distanciamiento y disciplina social, extremar la higiene y procurar no saturar el sistema de salud”. Son momentos “muy graves”, en los que “necesitamos cooperación de todos para salir adelante”. El esfuerzo que está haciendo el sector “es enorme y su lucha, contrarreloj”, con 119 fármacos en exploración; 8 antivirales; 51 programas de vacunas, 15 antiinflamatorios y otros 35 fármacos con diversos mecanismos de acción. Avances que pueden augurar buenas noticias. Porque 14 de ellos pueden tener datos clínicos en humanos en los próximos meses. Un antiviral ya comercializado en la actualidad podría ser la mejor opción incluso si sólo funcionan parcialmente. “Recordemos que únicamente el 10% de los casos son graves y que, de ellos sólo muere una minoría”.
En resumen -advierten en la firma- “pueden existir en unos pocos meses algunas herramientas para mejorar el control de las complicaciones que ocurren en este 10% ó 15% de los pacientes más vulnerables. “Confiamos en que la vacuna llegue pronto, aunque lo probable es que no sea antes del año que viene, por lo que este temporal habrá que pasarlo con estas medidas paliativas”. En cualquier caso, “conviene no olvidar que científicos de hospitales, universidades y empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo están trabajando sin pausa en esta lucha y su esfuerzo y dedicación podrían dar sus frutos antes de lo previsto”.
