El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha planteado una reforma judicial que daría el gobierno el control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, que limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular la legislación que viole la Constitución al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados. Una reforma que para muchos no es legal y que se trata, de forma encubierta, de un cambio de régimen en el país.
Más en un momento en que Netanyahu está siendo juzgado por varios casos de corrupción, acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, aunque ha rechazado la acusaciones hablando de “caza brujas” y “golpe de Estado judicial”.
La situación en torno al papel de Netanyahu en la reforma se une al creciente malestar en el país por la propuesta del gobierno, integrado por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, que ha desatado críticas de la oposición y decenas de protestas en el país, incluída la Huelga General que ha concentrado a más de 600.000 manifestantes.
Una reforma que tendrá un impacto en la economía de la región y a nivel global. De hecho, funcionarios del Ministro de Finanzas del país han expresado el impacto que podrían tener estas medidas en la calificación crediticia de Israel. Si se reduce la calificación de la deuda, el país tendrá mayores costes para financiarse, encarecerá el endeudamiento de las compañías además de afectar directamente a las inversiones extranjeras directas.
La reforma podría suponer una pérdida del crecimiento económico del 5,6%
Un escenario en el que, estiman, el PIB podría perder en una década de 14.000 a 27.000 millones de dólares anuales y la deuda se incrementaría de 876 a 2300 millones de dólares cada año. Según la revisión presentada por el ministerio, las medidas del gobierno provocarán una pérdida de crecimiento económico de alrededor del 5,6%.
Recientemente , el presidente del Banco Central de Israel, Amir Yaron, mostraba su preocupación por la fuga de capitales que podría suponer esta medida. Algo que, dijo, ya podría haber comenzado. Una encuesta realizada por la firma Business Data Israel, proveedora de información comercial, reveló que el 20 por ciento de las compañías considera sacar su dinero del país o ya lo hizo por temor a las consecuencias de la normativa.
Además, teniendo en cuenta que los principales bancos, compañías eléctricas, cadenas de restauración, grandes almacenes y numerosos ayuntamientos, incluido el de Tel Aviv, se han adherido a la Huelga General mientras el sindicato de trabajadores del aeropuerto de Ben Gurion han logrado cancelar el despegue de vuelos. Lo que dejará también importantes pérdidas en la región.
El ministro de finanzas, Shira Greenberg, ha advertido públicamente del daño que podría suponer esta reforma para el país y reconoce que éste puede puede comenzar a manifestarse ya en los años fiscales inmediatamente posteriores a la implementación de la reforma y, por lo tanto, si la reforma legal propuesta se implementa en un futuro próximo, se puede esperar que los ingresos previstos para el próximo presupuesto deberán revisarse.
"Debe quedar claro que la disminución estructural de la tasa de crecimiento del PIB per cápita del 0,8% anual, sobre la base de la cual se realiza la estimación en este documento, podría resultar conservadora, ya que no tiene en cuenta el nivel de educación superior en Israel y la estructura de la economía israelí, que en gran medida se basa en el sector de alta tecnología, que es un sector móvil y depende en gran medida de la inversión extranjera", afirma el documento de Greenberg.
