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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido la "colaboración de todos" para garantizar el derecho a la vivienda y para cerrar las actuaciones de oficio abiertas con las administraciones en materia de vivienda y ha advertido de que "solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo" para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Así se ha expresado este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde ha presentado informe que recoge 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos a lo largo del ejercicio.
El Defensor ha explicado que a finales de junio de 2025 la institución inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España, solicitando información sobre las medidas adoptadas o previstas para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible, así como para incrementar el parque público de vivienda.
"Esta actuación sigue abierta", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que también se "necesita para eso también la colaboración de todos".
El informe identifica como causas principales del problema la escasez de vivienda pública y social, "muy inferior a la media europea", según Gabilondo, y la insuficiencia de ayudas "eficaces" y el retraso en su gestión. Según recoge el documento, los ciudadanos manifiestan la imposibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado y la necesidad de soportar "esperas interminables" en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida.
AFECTA EN ESPECIAL A JÓVENES Y FAMILIAS VULNERABLES
Gabilondo ha señalado que el problema afecta en especial a jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, quienes "deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda" y que la situación "se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado".
El Defensor del Pueblo ha trasladado además a las administraciones competentes la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública destinada al alquiler, mejorar la gestión de ayudas, garantizar procesos de adjudicación transparentes y limitar el alquiler turístico. También ha subrayado la necesidad de proteger a las personas vulnerables en casos de desahucio "sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales".
Asimismo, Gabilondo ha insistido en que fueron motivo de preocupación las personas que comunicaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En este sentido, ha advertido de que entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas pero se ven "empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres". A su juicio, "la respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria".
"No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes", ha añadido Gabilondo.
