La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha hecho una "valoración positiva" del acuerdo y ha destacado que el semestre de presidencia española fue "clave" en las negociaciones. Por su parte, el comisario responsable de Servicios Financieros, Michel Barnier, también se ha felicitado por la "buena noticia" del respaldo del Ecofin y ha reclamado a la Eurocámara que ratifique también el acuerdo el próximo 22 de septiembre.
El Parlamento ha logrado que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.
Gracias a las presiones de la Eurocámara, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya una vulneración de la legislación comunitaria.
En todo caso, las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.
